La presión migratoria sobre Almería ha provocado que la trata de personas haya aumentado de manera constante en esta provincia en los últimos años.
Según datos de Cruz Roja, el 99% de las mujeres atendidas por la organización en sus programas de ayuda a víctimas de trata provienen de otros países, principalmente del norte de África e Iberoamérica. Estas mujeres, en su mayoría inmigrantes ilegales sin permisos de trabajo ni residencia en el país, son vulnerables a la explotación sexual y laboral. En el último año, la organización ha detectado a 174 mujeres en Almería víctimas de explotación sexual, de las cuales 94 han sido sometidas a situaciones de trata.
Cada año, Cruz Roja asiste a entre 70 y 100 mujeres forzadas a ejercer la prostitución en la provincia, muchas de ellas obligadas a trabajar hasta 14 horas al día, siete días a la semana, bajo amenazas, engaños y violencia, según detalla Diario de Almería. A nivel nacional, Cruz Roja ha acompañado en el último año a 1.106 personas en situación de trata y a otras 470 víctimas de explotación sexual. La organización también recuerda que la trata, cuando tiene fines sexuales, se considera una forma de violencia machista, y señala otras formas menos visibles de explotación, como la servidumbre doméstica, los matrimonios forzados y la explotación reproductiva.
La captación de víctimas a través de redes sociales ha crecido en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta clave para los traficantes, quienes aprovechan el anonimato y la accesibilidad de las nuevas tecnologías. Cruz Roja alerta también sobre la vulnerabilidad de los menores inmigrantes, especialmente aquellos que llegan a Europa sin acompañamiento. La organización estima que más de un millón de niños en todo el mundo son víctimas de trata.
Desde 2017, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Almería ha llevado a cabo cerca de 500 operaciones policiales contra el proxenetismo. Aunque los clubes nocturnos en el Poniente han decaído, ahora se observa un aumento en el uso de pisos y cortijos clandestinos en áreas agrícolas, donde entre cuatro y seis mujeres, en su mayoría de África e Iberoamérica, trabajan en condiciones insalubres y de extrema precariedad, detalla el citado diario.
En muchos casos, las mujeres, aunque aparentan ejercer la prostitución de forma voluntaria, lo hacen forzadas por situaciones extremas de pobreza, falta de documentos legales o presiones para pagar la deuda del viaje desde su país, que ronda los 3.000 euros. A pesar de esto, el procesamiento judicial de los responsables de estas redes delictivas depende de si se demuestra que las mujeres dieron su consentimiento, aunque este haya sido condicionado por circunstancias externas.
