Informes elaborados por especialistas de la Policía Nacional y trasladados a la Dirección General del cuerpo y al Ministerio del Interior alertan de que la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez podría alcanzar cifras muy superiores a las anunciadas inicialmente por Moncloa.

Según mandos policiales citados por El Español, el número final de inmigrantes regularizados podría situarse entre 1,2 y 1,5 millones de personas, frente a los 500.000 beneficiarios calculados en un principio por el Ejecutivo.

La advertencia no termina ahí. Los informes señalan que, durante los tres o cuatro años posteriores, muchos de los nuevos residentes podrán acogerse a los mecanismos de reagrupación familiar previstos en la Ley de Extranjería.

Si cada regularizado reagrupara de media a cuatro familiares, el impacto acumulado podría elevarse hasta cuatro o cinco millones de personas, según las proyecciones manejadas por los especialistas policiales.

No se trata de una cifra oficial cerrada ni de un resultado inevitable, sino de una estimación basada en la evolución de las solicitudes, las dinámicas migratorias y las posibilidades legales de reagrupación.

La Policía calcula que el Gobierno infraestimó el proceso

El Ejecutivo presentó la regularización extraordinaria como una medida destinada a dar residencia legal a alrededor de medio millón de personas. Sin embargo, las unidades policiales especializadas en Extranjería ya manejaban a comienzos de año cifras superiores a 800.000 posibles beneficiarios.

Los mandos consultados sostienen que la regularización ha provocado un efecto llamada dentro de Europa y que extranjeros que residían de forma ilegal en otros países comunitarios se han desplazado hacia España para intentar acogerse al procedimiento.

«Todos los que estaban irregulares en Europa se han venido para aquí», señalan fuentes policiales, que mencionan desplazamientos desde Francia, Bélgica, Reino Unido y la zona de los Balcanes.

Según estas fuentes, algunas de esas personas ya habían pasado anteriormente por España antes de asentarse en comunidades extranjeras establecidas en otros países europeos. La Policía habría defendido desde el principio una previsión entre 600.000 y 700.000 solicitudes adicionales a las calculadas por Moncloa, lo que elevaría el volumen total hacia el entorno del millón y medio.

Más de medio millón de solicitudes en apenas un mes

El procedimiento comenzó el pasado 16 de abril y finalizará el 30 de junio. A mediados de mayo, el Gobierno ya había recibido 549.546 solicitudes, de las cuales 91.505 habían sido admitidas a trámite.

Para acogerse al proceso, los solicitantes deben demostrar que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que habían permanecido en el país durante al menos cinco meses de forma ininterrumpida.

También deben carecer de antecedentes penales y acreditar alguno de los supuestos establecidos: contrato de trabajo, hijos menores a cargo, solicitud de protección internacional o certificado de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales.

El volumen de expedientes ha provocado una fuerte presión sobre las oficinas de Extranjería y las dependencias policiales encargadas de emitir las tarjetas de identidad de extranjero. Fuentes policiales describen el proceso como una «chapuza desde el principio» por la falta de previsión y de recursos humanos.

Comisarías saturadas y agentes trabajando los sábados

La elaboración de más de un millón de tarjetas de identificación obligaría a la Policía Nacional a adoptar medidas extraordinarias. Los agentes tendrán que atender solicitudes fuera del horario habitual, durante las tardes y los sábados, para evitar el colapso completo de las oficinas.

Según representantes del sindicato policial JUPOL, estas horas extraordinarias se abonarán a 25 euros, frente a los diez euros habituales de otros servicios. La decisión ha provocado malestar interno porque esas condiciones se ofrecerían únicamente a los agentes destinados en documentación, mientras otros servicios como las patrullas de seguridad ciudadana continúan peor remunerados.

La preocupación es que la falta de efectivos impida atender simultáneamente la regularización, las renovaciones de DNI y pasaportes y el resto de tareas policiales ordinarias.

Un aumento de denuncias por pérdida de pasaportes

Un oficio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras fechado el 10 de febrero alertó de un incremento extraordinario de denuncias por pérdida de documentación entre determinados colectivos extranjeros. El documento registró un aumento del 866,67% entre ciudadanos pakistaníes que afirmaban haber perdido su pasaporte al comienzo del año.

Entre los argelinos, el incremento fue del 356,25%; entre los marroquíes, del 114%; y entre los colombianos, del 35%. Los agentes sospechaban que algunos denunciantes pretendían utilizar esos documentos para acreditar su presencia en España dentro del periodo exigido por la regularización.

Según el oficio, en numerosos casos se comprobó que los identificados tenían antecedentes penales o policiales en España o en otros países. También se detectaron identidades diferentes a las declaradas y resoluciones administrativas de Extranjería que seguían vigentes.

Estos indicios no permiten extender sospechas sobre todos los solicitantes, pero muestran el riesgo de que el proceso sea utilizado por redes dedicadas al fraude documental.

El negocio de las falsas reagrupaciones

La mayor preocupación policial aparece en la segunda fase: la reagrupación familiar. La legislación permite que un residente legal solicite la llegada de su cónyuge, hijos menores, personas dependientes y, bajo determinadas condiciones, ascendientes.

Los mandos citados temen que aparezcan redes que cobren dinero por presentar documentación falsa y acreditar vínculos familiares inexistentes. «No hará falta que sean sus familiares, bastará decir que lo son», sostiene una de las fuentes consultadas, que advierte del posible surgimiento de un mercado clandestino de certificados y documentos.

La Policía ya ha detectado anuncios en Telegram y otras plataformas donde se ofrecen empadronamientos, facturas, citas y justificantes para facilitar regularizaciones fraudulentas. La existencia de estas tramas no significa que toda reagrupación sea irregular, pero sí refuerza la necesidad de controles individualizados y suficientes recursos policiales.

El impacto sobre vivienda, sanidad y servicios públicos

Una entrada de cuatro o cinco millones de personas en un periodo reducido tendría un impacto profundo sobre la demografía española. Actualmente, sólo las provincias de Madrid y Barcelona superan los cinco millones de habitantes. Entre las comunidades autónomas, únicamente Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana rebasan esa cifra.

España cuenta ya con una grave crisis de vivienda, dificultades de acceso a la sanidad y servicios públicos sometidos a una presión creciente. Los especialistas policiales alertan de que un incremento demográfico tan acelerado agravaría la falta de recursos, especialmente en las zonas urbanas donde se concentra la inmigración.

El precedente más cercano fue el gran ciclo migratorio ocurrido entre 1998 y 2008, cuando España incorporó aproximadamente seis millones de habitantes durante una década. La diferencia es que el impacto ahora estimado podría producirse en menos de la mitad de tiempo.