La rebaja de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, volverá a pasar por el Consejo de Ministros del próximo martes, esta vez para su aprobación como proyecto de ley, antes de enviarla al Congreso, donde el Gobierno espera atar los apoyos suficientes para sacarla adelante. La llegada del texto acordado entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT se produce más de dos meses después de que fuera aprobada como anteproyecto de ley, una vez recibidos los perceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES).
Además, esta segunda vuelta de las 37,5 horas en el Consejo de Ministros tendrá lugar a sólo unos días de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en el que precisamente la puesta en marcha de la rebaja de jornada será una de las reivindicaciones más importantes de los actos que han convocado CCOO y UGT para conmemorar esta fecha. Esta circunstancia no ha pasado desapercibida para CEOE, que ha considerado que llevar las 37,5 horas al Consejo de Ministros en la antesala del 1 de mayo es de un «evidente oportunismo político».
En concreto, según el Departamento que dirige Yolanda Díaz, los colectivos más beneficiados por esta medida serán los trabajadores no cubiertos por convenios colectivos, que pueden verse sometidos a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años (40 horas semanales) y que se presentan con mayor intensidad en algunos territorios y sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.
Además, de acuerdo con el texto del proyecto de ley, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas. Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: en primer lugar, porque se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
