La presunta trama de corrupción que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en torno a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dio el salto al negocio migratorio en uno de los momentos más críticos para Canarias. Según la investigación, detalla The Objective, uno de los engranajes clave del entramado creó una empresa dedicada a la acogida de inmigrantes ilegales en plena ola de pateras que desbordó al archipiélago en la primavera de 2024.
La sociedad, denominada Residencias Tuteladas de Aragón, fue constituida por el empresario Carmelo Aznárez, administrador de Mediaciones Martínez, la mercantil que la UCO sitúa en el centro del circuito de cobro y canalización de presuntas comisiones ilegales de la trama SEPI. Esa empresa, rebautizada posteriormente como Promociones Inmobiliarias Ku-Ma, habría servido como vehículo para gestionar las mordidas cobradas por el grupo Hiroruk, integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Joseba Antxon Alonso.
El nacimiento de Residencias Tuteladas de Aragón coincide con el punto álgido de la crisis migratoria en Canarias, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez prometía al Ejecutivo autonómico una reforma de la Ley de Extranjería para forzar el reparto de inmigrantes ilegales entre todas las comunidades autónomas. Aquella promesa fue el antecedente directo del polémico sistema de distribución de menores extranjeros no acompañados, que acabaría aprobándose meses después, tras un largo enfrentamiento institucional.
La presión sobre las islas era entonces extrema. A 31 de marzo de 2024, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, habían llegado a Canarias por vía marítima 13.115 personas, lo que suponía un aumento del 502% respecto al año anterior. El número de pateras también se disparó, al pasar de 51 a 201 embarcaciones, un incremento cercano al 300%. La situación fue calificada como límite por las propias autoridades canarias.
Es en ese escenario de colapso político y social cuando uno de los actores señalados por la UCO en la trama SEPI pone en marcha una empresa especializada en la gestión de flujos migratorios. El objeto social de Residencias Tuteladas de Aragón incluye la «acogida residencial para inmigrantes y la ejecución de proyectos de integración de dicho colectivo«, así como la prestación de servicios en centros residenciales para ancianos. La sociedad fijó su sede en las afueras de Zaragoza e inició su actividad el 21 de marzo de 2024.
Este medio no ha podido acreditar que la empresa haya recibido contratos públicos, ni de la Administración aragonesa ni del Gobierno central, para el alojamiento de inmigrantes ilegales. Sin embargo, su creación en plena emergencia migratoria y su vinculación con una de las piezas clave de la trama SEPI refuerzan las sospechas de los investigadores.
La UCO atribuye a Carmelo Aznárez un papel central en la presunta operativa corrupta. Lo considera una figura encargada de canalizar las comisiones pagadas por empresas interesadas en obtener rescates públicos y contratos administrativos impulsados desde la SEPI. Esos pagos habrían retribuido la intermediación de Díez, Fernández y Alonso, propietario de Servinabar, la empresa en la que presuntamente tenía participación el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Según el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, los integrantes del grupo actuaban de manera coordinada para maximizar los beneficios económicos mediante el cobro de comisiones. El juez Antonio Piña acordó su puesta en libertad con medidas cautelares.
La investigación señala que el grupo intervino en al menos cinco operaciones presuntamente amañadas, con decisiones favorables obtenidas desde distintas Administraciones públicas y con la implicación de empresas dependientes de la SEPI. El volumen total de las operaciones bajo sospecha alcanza los 132,9 millones de euros, mientras que las comisiones percibidas superarían los 750.000 euros.
La UCO apunta además que gran parte de esos fondos se destinaron a inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, activos que se consideran comunes a los tres investigados. El auto judicial detalla beneficios directos para el expresidente de la SEPI, al que se atribuyen al menos 49.350 euros recibidos mediante transferencias y entregas en efectivo.
La principal operación investigada corresponde al rescate de Tubos Reunidos, aprobado por la SEPI por 112,8 millones de euros. Los investigadores sostienen que el grupo actuó para facilitar la concesión de esa ayuda y que, como contraprestación, percibió 114.950 euros mediante facturación presuntamente falsa emitida por Mediaciones Martínez. A ello se suman otras operaciones con Sepides, Mercasa y distintas entidades públicas.
