El proceso de regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez concluye este martes 30 de junio con 1,2 millones de solicitudes registradas, según fuentes gubernamentales. La cifra supera con creces las previsiones iniciales del Ejecutivo, que estimó que más de 500.000 personas podrían acogerse a este mecanismo.
El cierre del plazo llega tras más de dos meses de tramitación y mientras entidades y partidos de izquierda siguen reclamando una ampliación para que puedan presentar la documentación quienes no han logrado completar el expediente a tiempo.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó este lunes el procedimiento de «éxito» y defendió que la regularización ha permitido sacar «de los márgenes invisibles» a miles de personas. Preguntada por el hecho de que las solicitudes dupliquen las previsiones iniciales, sostuvo que la cifra de 500.000 «nunca fue oficial», sino una estimación incluida en la Iniciativa Legislativa Popular que sirvió de base para el proceso.
El Ministerio ya informó el pasado 15 de junio de que se habían superado las 900.000 solicitudes desde la apertura del procedimiento, el 16 de abril. No obstante, el propio Gobierno advierte de que los datos todavía deben depurarse, ya que pueden existir expedientes duplicados o solicitudes presentadas por distintas vías.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ya situó a mediados de junio el volumen de solicitudes en torno al millón. Su directora general, Mónica López, señaló entonces que unas 300.000 habían sido admitidas a trámite, alrededor del 30% del total, y alertó de retrasos en la revisión de los expedientes, pese a que el Gobierno había anunciado un plazo de 15 días para su admisión.
El Ejecutivo insiste en que el procedimiento se ha desarrollado «con total normalidad» y asegura que todas las solicitudes serán revisadas de forma individual. Coincidiendo con el último día del plazo, Pedro Sánchez participa este martes junto a varios ministros en una jornada sobre inmigración, mientras el Gobierno ultima el balance definitivo de un proceso que ha recibido más del doble de las solicitudes previstas inicialmente.
