La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), participada mayoritariamente por el Estado, ha conseguido que la Audiencia Provincial de Guadalajara ordene el desahucio de una inmigrante peruana en situación de vulnerabilidad, desempleada, víctima de violencia de género y madre de dos hijos pequeños. La resolución, dictada el pasado 1 de junio, revoca una sentencia anterior que había permitido a la mujer permanecer en la vivienda, según avanza El Confidencial.

El caso contrasta con la campaña del Gobierno de Pedro Sánchez contra los desahucios de hogares vulnerables. La Sareb, cuyo principal accionista es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, reclamó judicialmente la recuperación del inmueble pese a las circunstancias personales y económicas de la inquilina.

La afectada, identificada como M., tiene 29 años y llegó a España buscando un futuro mejor. Según su versión, el 30 de agosto de 2024 firmó un contrato de alquiler con Hipoges Iberia SL, empresa encargada de gestionar parte de la cartera inmobiliaria de la Sareb, para residir en un piso situado en la calle Margarita Xirgu, en el barrio de Las Cañas de Guadalajara.

La mujer asegura que desde entonces abonó 600 euros mensuales de alquiler, además de los suministros de la vivienda. Sin embargo, apenas un mes después de instalarse, recibió una comunicación de la Sareb en la que se le exigía abandonar el inmueble.

La entidad sostuvo que la mujer ocupaba la vivienda sin autorización y cuestionó la validez del contrato suscrito con Hipoges Iberia, al considerar que era ficticio. También argumentó que el pago de los suministros no acreditaba un título legítimo para permanecer en el piso y puso en duda que se hubiera satisfecho la renta mensual.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Guadalajara dio inicialmente la razón a la inquilina. En una resolución del 16 de octubre de 2025, permitió que continuara en la vivienda e impuso las costas del procedimiento a la Sareb. La entidad recurrió el fallo y la Audiencia Provincial terminó revocándolo.

Durante el procedimiento, M. alegó que carecía de otra vivienda a la que trasladarse. Su situación económica era especialmente precaria: percibía una renta activa de inserción de 480 euros al mes y, según la información publicada por El Confidencial, no disponía de otros ingresos.

A esta circunstancia se sumaban la convivencia con sus dos hijos pequeños y su condición de víctima de violencia de género, factores que agravan su situación de vulnerabilidad.

La Audiencia Provincial estimó el recurso de la Sareb y declaró procedente la acción de desahucio. La sentencia ordena a la demandada y a los posibles ocupantes desalojar el inmueble en el plazo que se determine durante la ejecución del fallo, con apercibimiento de lanzamiento si no lo abandonan voluntariamente.

M. todavía no ha dejado el piso. Su abogada de oficio ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que la resolución judicial aún puede ser objeto de revisión.

El caso se produce en plena ofensiva política del Ejecutivo para limitar los desahucios de familias vulnerables y ampliar la protección de los inquilinos. Sin embargo, según la información publicada, ni la Sareb ni otros organismos públicos habían comunicado a la afectada la paralización o el aplazamiento del procedimiento.