La Asociación Entierro Digno reclama a las administraciones españolas financiar nuevas parcelas funerarias islámicas, adaptar las normas autonómicas y crear un registro nacional de plazas confesionales. La petición se apoya en un informe que identifica 44 espacios de estas características en España, aunque únicamente dispone de información verificada sobre la capacidad de 14.
Las reclamaciones proponen ampliar una organización de los enterramientos basada en la confesión religiosa. Su aplicación exigiría determinar qué inversiones deben asumir las administraciones, cómo se distribuirían los terrenos y qué criterios comunes regirían la prestación del servicio funerario. El documento no concreta en la información difundida el presupuesto público necesario para ejecutar esa ampliación.
La entidad denuncia que en más del 70% de los recintos catalogados no se publica el número de sepulturas disponibles. Ese déficit informativo impide equiparar la ausencia de datos con la inexistencia de plazas: los 14 espacios con capacidad verificada no son necesariamente los únicos que pueden recibir enterramientos.
Nuevas parcelas y adaptación de las normas
Según el estudio, Extremadura, Cantabria y Castilla-La Mancha carecen de espacios islámicos específicos en sus cementerios. En Madrid identifica dos instalaciones, pero sostiene que ninguna ofrece actualmente plazas operativas: Griñón estaría colmatado y el proyecto de Carabanchel permanecería sin ejecutar.
La asociación pide un calendario de adaptación normativa para permitir los entierros en tierra por motivos religiosos y un mapa de inversiones que priorice las zonas donde las familias deben realizar mayores desplazamientos. Calcula una distancia media de 79 kilómetros hasta el recinto islámico más próximo.
El planteamiento abre una cuestión sobre el modelo de servicio público: cómo atender las prácticas religiosas individuales sin convertir la pertenencia confesional en el criterio que estructure la ampliación de las instalaciones municipales.
La demanda incluye amputaciones y restos quirúrgicos
El informe no limita sus estimaciones a los fallecimientos. Frente a las 6.739 defunciones anuales contabilizadas, eleva la demanda a 8.984 inhumaciones al incorporar amputaciones, restos quirúrgicos reconocibles y determinadas pérdidas gestacionales que, según la entidad, deben enterrarse conforme al rito islámico.
La asociación asegura que no ha verificado protocolos específicos para estas solicitudes en los 41 hospitales analizados. También prevé un crecimiento de la demanda entre 2030 y 2035 por el envejecimiento de la población musulmana.
Entierro Digno cifra en 17,7 millones de euros anuales el gasto agregado que soportan las familias. Esa cantidad corresponde a su estimación de costes familiares, no al importe de las inversiones públicas reclamadas, cuyo alcance económico queda sin detallar.
