La Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha denunciado «irregularidades» en los contratos adjudicados para gestionar los pisos de menas.
«El PSC, ERC y Comuns, los tres partidos que llevan gobernando los últimos años en Cataluña, están intentando tapar este escándalo (…). Estos tres partidos no han querido votar a favor del informe que demuestra las irregularidades (…) del Departamento de Derechos Sociales a través de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA)», ha manifestado a través de la red social X el diputado de VOX Javier Ramírez.
La formación liderada por Santiago Abascal reitera que la acogida de menas es «un negocio millonario» para «amiguetes de los partidos en el poder». «Detrás están personas vinculadas a la administración». «Estas personas ofrecen pisos para acoger a menas. La Generalidad y les adjudica contratos a dedo y subvenciones millonarias sin concurso (…). Estas personas reciben el dinero y ofrecen un servicio fraudulento. Crean sus propias inmobiliarias con las que se enriquecen alquilando a la Generalidad por encima del precio de mercado», asevera la diputada María García Fuster.
VOX llama a acabar con la acogida de estos menores y exige su «repatriación» con sus familias en sus países de origen. «No son niños. La mayoría de ellos son varones en edad militar, mayores de edad y provenientes de Marruecos», agrega. VOX pide también imponer sanciones a los estados que «promuevan la inmigración masiva de menores o la usen como arma diplomática».
Ya solicitó a la Generalidad de Cataluña el coste detallado que supone la acogida de menas para las arcas públicas. «Cada euro que se destina a sostener el sistema de manutención de la inmigración ilegal (…) se niega a los catalanes. Queremos saber cuál es el coste individual de cada mena, contabilizando tanto gastos directos (manutención, vestuario, etc.) como gastos comunes (alojamiento, atención educativa, sanitaria, psicológica…», afirmó el presidente del grupo parlamentario, Ignacio Garriga. «La invasión migratoria no sólo trae incremento de criminalidad e inseguridad, sino también la exclusión de los españoles de las ayudas sociales», concluyó.
