La investigación sobre la trama de los hidrocarburos, liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apunta hacia un complejo sistema de sociedades pantalla en países con baja regulación fiscal, como Panamá y la República Dominicana. Según adelanta La Razón, estas empresas estarían diseñadas para ocultar beneficios ilícitos mediante sociedades al portador, un mecanismo que dificulta el rastreo de los verdaderos responsables al no requerir la identificación de sus propietarios.
El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, mantiene bajo secreto de sumario este caso, lo que ha generado quejas entre los investigados. Claudio Rivas, señalado como uno de los principales líderes de esta red y socio de Víctor de Aldama, denunció ante la Audiencia Nacional que esta medida le causa «indefensión». Rivas, propietario de la empresa Villafuel S.L., quedó en libertad a finales de diciembre tras pasar un tiempo en prisión provisional.
En el núcleo de las operaciones se encontraría un entramado financiero internacional que incluye el uso de sociedades al portador, un mecanismo prohibido en España. Estas empresas no necesitan registrar nombres de administradores ni propietarios, permitiendo transferencias anónimas de acciones y ocultando así los movimientos económicos. El objetivo principal sería esconder las ganancias de la red sin dejar rastro, lo que representa un desafío para los investigadores.
El análisis de dispositivos incautados durante los últimos registros, realizados en Zaragoza, Madrid y Sevilla, será clave para comprender el alcance de esta red. Los agentes han requisado memorias externas y dispositivos electrónicos que, según las fuentes, podrían contener información sobre el organigrama de la trama y los flujos de dinero. Este material incluye datos sobre las capas de empresas que se habrían creado para desviar los fondos ilícitos.
Entre los principales nombres vinculados a este caso destacan Luis Alberto Escolano y Francisco Javier Cillán Contreras. Escolano, conocido por los agentes debido a su implicación en el caso Koldo, es señalado como el testaferro de Víctor de Aldama, según los informes de la investigación. Se le atribuye, además, haber cubierto parte del alquiler de un piso ubicado en la Plaza de España de Madrid, valorado en cerca de 2.700 euros mensuales. Por otro lado, Cillán Contreras, contable de Villafuel S.L., aparece como pieza clave en el manejo financiero de la red. Los datos obtenidos de sus dispositivos electrónicos podrían revelar las conexiones internacionales y los detalles operativos del fraude.
Las pesquisas también han destapado la conexión de la trama con jurisdicciones como Panamá, donde las sociedades pantalla han sido empleadas para dificultar las investigaciones. Estas empresas carecen de acciones nominales, lo que permite transferencias sin complicaciones y sin registro de los propietarios. El destino final de las ganancias, oculto tras este entramado financiero, sigue siendo objeto de indagación por parte de la UCO.
En un esfuerzo por colaborar con la justicia, algunos de los últimos detenidos han proporcionado información relevante y dispositivos electrónicos que podrían acelerar las diligencias. Sin embargo, las fuentes insisten en que las investigaciones aún tienen varias etapas pendientes, incluida la extracción de datos del dispositivo móvil de Víctor de Aldama y otros terminales incautados.
Aunque el juez Pedraz justifica el secreto de sumario para proteger la integridad de la causa, los acusados reclaman acceso parcial a los documentos, argumentando que esta restricción les impide articular una defensa adecuada. La investigación, que ya ha desvelado un complejo sistema de operaciones encubiertas y conexiones internacionales, sigue avanzando, pero enfrenta desafíos significativos debido a las barreras legales y operativas inherentes a este tipo de tramas.
Con la atención centrada en las próximas revelaciones derivadas del análisis del material incautado, queda claro que esta trama de hidrocarburos expone una sofisticada red diseñada para explotar los vacíos legales de las jurisdicciones internacionales.
