La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha llegado a las puertas de la financiación ilegal del PSOE que preside Pedro Sánchez a través del régimen venezolano de Nicolás Maduro, según se desprende del último informe entregado a los tribunales y ha adelantado Libertad Digital. La documentación apunta a una posible conexión entre el partido gobernante en España y maniobras orquestadas con actores políticos y económicos vinculados al chavismo, con la mediación de figuras como José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama.
El caso gira en torno a una reunión mantenida el 9 de abril de 2019 entre Ábalos, entonces ministro de Transportes, y su colaborador más cercano, Koldo García. En una conversación grabada y recogida por la UCO, se escucha cómo Koldo explica las gestiones llevadas a cabo para que Pedro Sánchez se comunicara directamente con Juan Guaidó, líder opositor venezolano, en un momento en que España reconocía oficialmente su legitimidad como presidente interino del país caribeño.
Según las pesquisas, esa interlocución política escondía una operación mucho más amplia: un acuerdo que habría permitido a Ábalos recibir comisiones millonarias si se concretaba un pacto petrolero con respaldo del Gobierno español. Las cifras que se barajan son de hasta 500.000 euros mensuales durante tres años. Todo esto se encuadraría en un contexto en el que empresas privadas europeas aspiraban a obtener acceso al crudo venezolano con el beneplácito del entorno de Guaidó.
Unos meses después de ese encuentro, el empresario Aldama —pieza clave en la trama investigada— viajó hasta Caracas con una carta oficial redactada en papel timbrado del Estado español y firmada por el propio Ábalos. La misiva, fechada el 26 de julio de 2019, iba dirigida a Juan Guaidó y estaba presentada en un portafolios del Gobierno, según confirmaron fuentes próximas a la causa. En ella, se expresaba el respaldo político de España a su figura y se ofrecía el acceso a empresas públicas y privadas para colaborar en la «reconstrucción» de Venezuela.
Dicha entrega no fue un acto aislado. Estuvo acompañado por una figura de peso internacional: Henry Ramos Allup, exjefe de la Asamblea Nacional venezolana y alto cargo de la Internacional Socialista. Fuentes jurídicas consideran que su participación no fue casual, ya que Pedro Sánchez buscaba reforzar su candidatura a la presidencia de esa organización internacional, cargo que finalmente obtuvo en 2022 por aclamación, sin oposición interna.
Pero el giro más llamativo se produjo apenas seis meses más tarde, cuando en enero de 2020 aterrizó en España, en plena madrugada, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro. El cambio de tono fue radical: el Ejecutivo de Sánchez dejó de respaldar abiertamente a Guaidó y empezó a normalizar relaciones con el régimen chavista. Detrás de ese viraje estratégico, según las fuentes consultadas por Libertad Digital, estaría la promesa de recibir cuotas de exportación de crudo venezolano para financiar actividades políticas del PSOE y consolidar la influencia de Sánchez en la esfera internacional.
El papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en este cambio de postura ha sido, según los investigadores, fundamental. Su cercanía con dirigentes venezolanos y su intermediación entre Caracas y sectores del PSOE habrían permitido estructurar un nuevo esquema de intereses compartidos. De hecho, se menciona a un supuesto testaferro venezolano vinculado a Zapatero que habría canalizado parte del dinero.
