La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil prepara un informe demoledor contra el ministro Ángel Víctor Torres, a quien señala por el cobro de supuestas comisiones ilegales durante su etapa como alcalde de Arucas, en Gran Canaria. El actual responsable de Política Territorial y Memoria Democrática se encuentra en el centro de unas diligencias que podrían dar un giro político de gran calado en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Las sospechas de los investigadores no se limitan a su paso por el consistorio aruquense, sino que alcanzan también a los contactos que habría mantenido con empresarios bajo la lupa judicial. Uno de ellos es Mohamed Derbah, un libanés afincado en Canarias, acusado de dirigir una red criminal con ramificaciones internacionales y que, pese a su imputación, permanece en libertad provisional tras abonar una fianza de 100.000 euros.
La Guardia Civil ha detectado indicios de un entramado económico en el que se utilizaban sociedades pantalla y testaferros para blanquear capitales procedentes de actividades ilícitas. Dicho esquema estaría directamente conectado con los clubes cannábicos que servían como tapadera para operaciones financieras mucho más sofisticadas.
El origen de la investigación se sitúa en los registros efectuados por la Policía Nacional en locales vinculados a Derbah. En aquellas intervenciones no se hallaron grandes partidas de droga, pero sí abundante documentación que, según las fuentes consultadas, reflejaría nexos económicos entre empresarios del archipiélago y responsables políticos cercanos al PSOE canario, entre ellos el propio Torres.
La presión judicial aumenta porque las diligencias actuales se enmarcan dentro de la ampliación de la causa que investiga la trama vinculada a Santos Cerdán, hoy encarcelado. El empresario Víctor de Aldama, pieza clave en ese entramado, ya confesó que la dirección socialista y sus barones autonómicos habrían recibido importantes mordidas a cambio de favores políticos.
Fuentes próximas a la investigación sostienen que el dosier que está elaborando la UCO contiene pruebas más contundentes que otros informes anteriores, llegando incluso a documentar vínculos directos entre el entonces alcalde de Arucas y determinados empresarios catalogados como mafiosos.
Derbah, mientras tanto, debe presentarse semanalmente en sede judicial y tiene prohibido abandonar Tenerife. Sus pasaportes han sido retirados por la Audiencia Provincial, que ha advertido de que cualquier incumplimiento de estas medidas cautelares derivará en su detención inmediata.
En última instancia, será el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quien decida si remite el caso al Tribunal Supremo, ya que Torres, al igual que la presidenta del Congreso Francina Armengol, cuenta con la condición de aforado. La resolución sobre este paso podría conocerse en las próximas semanas y marcar un punto de inflexión en la investigación.
