«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
La empresa consiguió la autorización tras tres intentos fallidos y dos años de trámites

La UCO apunta a que el ministerio de Teresa Ribera ayudó a la trama de hidrocarburos de Aldama «pese a no cumplir los requisitos»

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Europa Press

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado en un reciente informe graves irregularidades en la concesión de la licencia de operador mayorista de hidrocarburos a la empresa Villafuel SL, otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica durante la gestión de Teresa Ribera. Entre las principales anomalías detectadas figuran la validación de documentos con inconsistencias y la ignorancia de claras alertas administrativas, según recoge el sumario del caso.

Uno de los aspectos más controvertidos es que la empresa consiguió la autorización tras tres intentos fallidos y dos años de trámites, contando con un capital social inicial de apenas 15.000 euros. La aprobación definitiva tuvo lugar en septiembre de 2022, mediante un procedimiento acelerado que duró solo tres días, según adelantó OkDiario. Los investigadores cuestionan cómo se pudo llevar a cabo este proceso sin una verificación exhaustiva de los antecedentes de la empresa.

Entre las evidencias recabadas, se descubrieron actas de juntas generales con fechas coincidentes pero resultados financieros contradictorios, currículums que no demostraban una conexión real de los empleados con la compañía y documentación contable que discrepaba de los datos registrados en el Registro Mercantil. A pesar de estas irregularidades, el ministerio otorgó la licencia, centrándose en aspectos meramente administrativos y sin garantizar la capacidad real de Villafuel para operar en el sector.

El informe de la UCO también destaca deficiencias en la verificación de las instalaciones declaradas por la empresa. Las sedes sociales en Villaviciosa de Odón y Móstoles resultaron ser simples oficinas vacías, sin actividad visible durante el horario laboral, según constatan los investigadores mediante fotografías. Un cartel en una de estas ubicaciones remitió a un número de teléfono móvil, lo que generó más dudas sobre la legitimidad de la operación.

La situación se volvió aún más crítica cuando, en mayo de 2023, el organismo regulador del sector, CORES, alertó de desviaciones masivas en las ventas de destilados medios por parte de Villafuel. Estas superaron las proyecciones iniciales en un 882% durante los primeros siete meses de actividad, con una previsión de desviación del 1.583% para el primer año completo. Ante estas alarmantes cifras, el ministerio se limitó a ajustar las estimaciones sin investigar las posibles causas.

Según el informe, la falta de controles efectivos por parte del ministerio permitió que Villafuel generara un presunto fraude estimado en más de 182 millones de euros. Los investigadores recalcan que la administración disponía de las herramientas necesarias para imponer mayores controles e incluso revocar la licencia ante los claros incumplimientos detectados.

La investigación de la UCO subraya que las deficiencias en el proceso de supervisión facilitaron que una empresa sin garantías suficientes accediera al mercado mayorista de hidrocarburos, poniendo en riesgo la integridad del sector y generando una situación de posible fraude a gran escala.

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