El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) señala el interés de Santos Cerdán por participar en un viaje oficial del Ministerio de Transportes a Marruecos, un desplazamiento que terminó compartiendo con José Luis Ábalos y Koldo García y que hoy se considera un punto clave para entender la dimensión internacional de la trama. Según la investigación adelantada por The Objective, Cerdán habría acudido con un cometido muy concreto supuestamente solicitado por la cúpula de Acciona: lograr que el Gobierno marroquí firmara un documento que allanara el camino para adjudicar grandes contratos sin necesidad de licitación abierta.

Ese viaje se enmarca en una operación de fondo mucho más ambiciosa: la mayor desaladora de todo el continente africano, ubicada en Sidi Rahal, cerca de Casablanca. Aunque Acciona obtuvo el contrato en 2023 compitiendo en un proceso formal con otros cinco consorcios —incluidos Tedagua, Abengoa y Lantania—, el sector daba por hecho el desenlace desde que entró en escena el consorcio marroquí que acompañaba a la empresa española: Green of Africa y AfriquiaGaz, compañías integradas en el conglomerado Akwa y dirigidas por Aziz Ajanuch, primer ministro marroquí y una de las mayores fortunas del país.

Empresarios que participaron en el proceso de licitación reconocen ahora que la presencia del grupo de Ajanuch fue el punto de inflexión: «En cuanto el presidente del Gobierno marroquí se alineó con Acciona, todo el mundo asumió que el contrato tenía dueño». Hubo incluso empresas que renunciaron a presentar documentación adicional para fases posteriores por considerarlo un gasto inútil. A esto se sumaba un elemento decisivo que se comentaba en el sector: el Gobierno de Pedro Sánchez habría garantizado la futura financiación española del proyecto desde 2023, coincidiendo con el giro diplomático que resolvió la crisis con Rabat tras el episodio del líder del Frente Polisario.

Un año después de adjudicarse la obra, en verano de 2024, comenzaron los trabajos sobre el terreno. Pero el proyecto todavía necesitaba una pieza fundamental: la financiación exterior. Marruecos quería la desaladora de mayor capacidad de África, pero no estaba dispuesto a pagarla íntegramente. Fue entonces cuando España anunció que aportaría fondos públicos: 250 millones del FIEM, un seguro de crédito adicional por valor de 70 millones y otros 31 millones procedentes del FIEX gestionado por Cofides. En total, aproximadamente un 40% del coste acabaría sufragándose con dinero del Estado español.

Es en este punto donde los investigadores ven posible rastro de Cerdán y de la empresa utilizada para canalizar comisiones en otros expedientes españoles, Servinabar. La sospecha central es que Acciona y la firma navarra podrían haber firmado un memorando como los que ya usaban en España para garantizar el pago del 2% de cada adjudicación, dinero que después terminaba —según las pesquisas— en manos de Cerdán, su entorno, Ábalos y Koldo. Si existiera un documento similar para el proyecto marroquí, sería una prueba que conectaría la intervención política de alto nivel con la obtención del megacontrato de Casablanca.

Joseba Antxon Alonso, considerado pieza clave dentro de la trama, llegó a afirmar a un directivo de Acciona que «a Marruecos se le estaba presionando desde aquí», subrayando que parte de la operación pasaba necesariamente por influencia española. Para la UCO, Marruecos es ahora un nuevo eje de la investigación, quizá el más relevante de la fase que se abre.

La documentación incautada en los registros recientes —incluidas las dos viviendas madrileñas y las propiedades de Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Acciona Construcción— podría contener pistas sobre ese posible pacto oculto. Por el momento, las fuentes consultadas no confirman si el memorando apareció entre los materiales intervenidos, pero dan por hecho que, si existió, tuvo que quedar en manos de Acciona, de Servinabar o de ambas.