La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este jueves una nueva operación en el marco del ‘caso Koldo‘, la investigación sobre la presunta trama de corrupción que habría operado en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. El operativo se desarrolla bajo secreto judicial e incluye requerimientos de información y otras diligencias policiales.

Las actuaciones están vinculadas a una nueva pieza separada abierta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno el pasado martes, después de recibir un nuevo informe elaborado por los investigadores de la Guardia Civil. La decisión judicial supone abrir una nueva línea de investigación dentro de las pesquisas sobre el supuesto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales.

Una providencia del magistrado, a la que ha tenido acceso el diario ‘La Verdad’, acredita que Moreno recibió el informe número 168/26, elaborado por el área de Delincuencia Económica de la UCO (IUAFAC). Tras examinarlo, ordenó expresamente «la apertura de una pieza separada».

El documento ha sido incorporado a las diligencias previas 65/2023 de la Audiencia Nacional, concretamente a la pieza número ocho, dedicada a las adjudicaciones de obra pública. El secreto decretado sobre las nuevas actuaciones impide conocer por el momento el contenido del informe policial y las diligencias que está practicando la Guardia Civil, así como la identidad de las personas y empresas afectadas.

La investigación tiene entre sus principales protagonistas al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. También figuran como investigados empresarios y antiguos responsables del departamento ministerial.

Los investigadores tratan de esclarecer el supuesto favorecimiento de constructoras mediante adjudicaciones de contratos públicos a cambio de contraprestaciones económicas. Entre las compañías mencionadas en las resoluciones judiciales figuran Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos.

En un auto del pasado 22 de julio, Moreno situó parte de las adjudicaciones investigadas en Adif y en la Dirección General de Carreteras. La resolución atribuyó indiciariamente a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al antiguo director general de Carreteras Javier Herrero un papel de facilitadores en las operaciones presuntamente irregulares.

Una de las principales líneas de investigación se centra en Servinabar, la empresa vinculada al empresario Antxon Alonso cuya relación comercial con Acciona está siendo examinada por la UCO. Los agentes sospechan que Santos Cerdán y personas de su entorno familiar pudieron beneficiarse de fondos procedentes de esta sociedad.

Los informes policiales apuntan a que el 87,04% de los ingresos de Servinabar procedía de Acciona o de proyectos vinculados a la constructora. Además, la Guardia Civil ha cifrado en al menos 323.178,41 euros los beneficios que, según sus pesquisas, habrían recibido Cerdán y algunos de sus familiares entre 2015 y 2024.

Las pesquisas patrimoniales continuaban activas en octubre. El día 15, Moreno ordenó recabar documentación y evidencias digitales intervenidas en el domicilio de Cerdán en Milagro (Navarra), además de información entregada por el PSOE a otro juzgado de la Audiencia Nacional, para investigar el origen de los ingresos del exdirigente socialista.

Seis días después, el magistrado incorporó nueva documentación remitida por Acciona Construcción. La compañía entregó facturas, partes de trabajo, controles de presencia y correos electrónicos relativos a los servicios prestados por Servinabar en una unión temporal de empresas adjudicataria de las obras de una variante de Logroño.