La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino a la exmilitante socialista Leire Díez un documento con artículos para reformar la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación, una de las piezas centrales del llamado Plan de Acción Democrática impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez contra los medios de comunicación.
El documento, incorporado al sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, apareció entre las páginas de un cuaderno y llevaba por título «solución a las difamaciones y acusaciones falsas«, detalla El Confidencial. Su contenido apuntaba directamente a medios, policías, guardias civiles, jueces y fiscales que investigaban o publicaban informaciones sobre casos de corrupción vinculados al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno.
El hallazgo sitúa a la denominada fontanera de Ferraz dentro de la ofensiva política y legislativa lanzada por Moncloa después de las informaciones sobre los negocios de la esposa del presidente, Begoña Gómez, y su imputación en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El Ejecutivo presentó el Plan de Acción Democrática en el Consejo de Ministros del 17 de septiembre de 2024, después de meses de ataques a la prensa bajo la etiqueta de la «máquina del fango».
El Gobierno justificó el paquete con el argumento de mejorar la transparencia de los medios, regular la publicidad institucional, proteger a los periodistas de presiones externas y garantizar el derecho a recibir información veraz. Sin embargo, la reforma de la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación abrió desde el primer momento un frente de alarma en el sector por su impacto sobre la libertad de información y por la posibilidad de convertir cualquier discrepancia sobre una noticia en una exigencia de rectificación.
La primera iniciativa concreta del plan fue impulsada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, con un anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación. Según el Ejecutivo, el objetivo era actualizar la norma de 1984 para «mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados».
El texto ampliaba los plazos para reclamar una rectificación y diluía el concepto de veracidad hasta permitir que una persona o una institución cuestionara una información no sólo por su contenido principal, sino también por la ausencia de contexto o de datos colaterales. En el caso de los medios digitales, la rectificación debía sustituir íntegramente la información original, que dejaría de estar disponible.
El borrador intervenido a Leire Díez iba más allá. La propuesta fijaba que el «medio de comunicación que publicara información económica de persona física o jurídica que no se ajuste a la realidad» tendría que compensar al afectado con una cantidad resultante de multiplicar la información publicada por un factor de 20. «En casos sucesivos el factor multiplicador será de 50».
El documento no precisaba qué debía entenderse por información que «no se ajuste a la realidad», una fórmula amplia que dejaba margen para perseguir publicaciones incómodas bajo criterios indeterminados. La misma lógica aparecía en los artículos dirigidos contra los medios que atribuyeran una falta o delito económico a una persona física o jurídica.
La propuesta también alcanzaba a funcionarios públicos. El borrador señalaba que «el funcionario público, de cualquier posición, que acusara a persona física o jurídica de una falta o delito económico con información o datos que no se ajusten a la realidad» tendría que abonar una compensación calculada con el mismo factor multiplicador: 20 en la primera ocasión y 50 en casos sucesivos.
El texto mencionaba de forma expresa a «funcionarios de los cuerpos de seguridad«, «fiscales que realizaran querellas, oficios o escritos que realicen imputaciones con datos falsos» y «jueces que firmaran autos de imputación o acusación con datos falsos o que no se ajusten a la realidad». La propuesta no se limitaba por tanto a la prensa, sino que afectaba al corazón de las investigaciones policiales, fiscales y judiciales.
El borrador incluía además una disposición transitoria que concedía 30 días desde la entrada en vigor de la norma para retirar la supuesta información falsa en circulación. Pasado ese plazo, los responsables quedarían obligados a pagar la multa correspondiente.
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el 13 de enero y lo remitió a las Cortes. La redacción final que salió de Moncloa mantuvo algunos de los puntos más polémicos del anteproyecto, pero no incorporó los artículos redactados por Leire Díez.
El Gobierno descartó esas propuestas, entre otros motivos, por su choque con el funcionamiento ordinario de la instrucción judicial, donde los hechos atribuidos a un investigado pueden ser desmentidos o matizados durante la vista oral. Algunos de los artículos elaborados por la exmilitante socialista se aproximaban más al terreno de la prevaricación que al derecho de rectificación.
Pese a ello, la reforma continúa bloqueada en el Congreso. La Comisión de Justicia ha prorrogado de forma periódica el periodo de enmiendas desde enero y el PSOE no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante la norma.
La intervención del documento refuerza el vínculo entre la ofensiva de Moncloa contra la prensa crítica y la estructura paralela atribuida a Ferraz. La reforma nació como una supuesta actualización del derecho de rectificación, pero el borrador hallado a Leire Díez revela hasta dónde llegó la tentación de convertir esa herramienta legal en un mecanismo de presión contra medios, jueces, fiscales y agentes de las Fuerzas de Seguridad que investigaran la corrupción socialista.
