La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al juez del Supremo Ángel Hurtado que las empresas Google y WhatsApp han accedido a preservar los datos que poseen sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta decisión se enmarca dentro de la investigación por la presunta revelación de secretos relacionada con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Según consta en un informe adelantado por el diario Abc, la UCO detalló que WhatsApp LLC confirmó su colaboración el 29 de enero de 2025, mientras que Google Inc respondió afirmativamente el 10 de marzo del mismo año. En un documento anterior, los investigadores ya habían comunicado al magistrado el número de referencia del caso en la plataforma de mensajería.
La clave de esta diligencia es la recuperación de mensajes y correos electrónicos de García Ortiz, después de que la UCO advirtiera que, al analizar los dispositivos incautados en su despacho, no se encontró ningún mensaje. Posteriormente, se descubrió que el fiscal general había cambiado de terminal y eliminado su cuenta personal de correo electrónico, lo que llevó al juez Hurtado a solicitar a las empresas tecnológicas la recuperación de esta información.
Para ello, el instructor remitió sendas comisiones rogatorias a Irlanda el pasado 20 de enero, en busca de la información alojada en los servidores de Google y WhatsApp. Sin embargo, tras recibir respuesta de las autoridades irlandesas indicando que la solicitud debía dirigirse a Estados Unidos, el magistrado trasladó la petición a ese país el viernes pasado.
La solicitud a WhatsApp LLC incluye los mensajes enviados y recibidos por el usuario, con detalles como el emisor, receptor, fecha y hora, así como las copias de seguridad de los chats y archivos multimedia disponibles. También se requirió el registro de comunicaciones, donde figuran información sobre las fechas, horarios, orígenes y destinos de las interacciones.
Por otro lado, a Google Inc se le solicitó acceso a los datos almacenados en los distintos servicios vinculados a la cuenta del fiscal general, incluidas las copias de seguridad de los dispositivos asociados y de aplicaciones de terceros, además del historial de comunicaciones y archivos multimedia que pudieran estar respaldados en la nube.
