La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino más de 30.000 archivos digitales en el registro practicado en el domicilio de Koldo García el 20 de febrero de 2024. Entre ellos, las ocho grabaciones clave que sirvieron de base al extenso informe remitido al Tribunal Supremo, cuyo contenido ha sacudido el panorama político nacional tras levantarse el secreto de sumario la semana pasada.
El registro, que se extendió durante diez horas, se llevó a cabo en Polop de la Marina (Alicante) y estuvo dirigido por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, acompañados por una veintena de efectivos de la ARS, unidad de élite fuertemente armada. Durante la operación, los agentes clonaron móviles y se incautaron de todos los dispositivos relevantes. Aunque Koldo había borrado parte de la información, los técnicos de la UCO consiguieron recuperarla de la nube, donde quedaban copias de seguridad.
El análisis ha sido arduo. Según fuentes de la investigación, los medios técnicos y humanos eran “limitados”, lo que justifica el tiempo transcurrido hasta la entrega del informe. Las mismas fuentes desmienten cualquier intencionalidad política u oportunismo en su presentación, justo después del procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la polémica por el intento de una militante socialista de sonsacar información al teniente coronel de la UCO.
El 8 de octubre de 2023, una vez analizadas las evidencias, la UCO informó al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de la posible implicación de José Luis Ábalos, entonces diputado en el Congreso, lo que motivó el traslado de la causa al Tribunal Supremo. Las pesquisas también señalan al actual exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, que apuntó a presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública.
El informe, de casi 500 páginas, se centra en las adjudicaciones del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Ábalos. La UCO continuará cotejando contratos concedidos a empresas como Acciona, LIC, Obras Públicas y Regadíos o Servinabar, sospechosas de haber generado comisiones millonarias para la trama. También se investiga el paradero del dinero y si ha habido enriquecimiento ilícito por parte de los implicados.
El comisionista de la trama, tras salir de prisión preventiva, entregó un folio con anotaciones manuscritas, atribuidas a Koldo García, donde figuraban concursos públicos.
El informe señala que no se ha podido actuar aún contra Santos Cerdán por su condición de aforado, aunque ayer presentó su renuncia al acta de diputado. Todo indica que será el siguiente en declarar.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha tratado de minimizar el escándalo, asegurando que sólo afecta a Ábalos y Cerdán. Lejos de asumir responsabilidades, ha instado al líder de la oposición a presentar una moción de censura y ha descartado dimitir.
En la operación fueron detenidas 14 personas y se practicaron 26 registros simultáneos. Pero el foco sigue puesto en Koldo. El que fuera primero chófer y luego asesor de Ábalos grabó durante años cientos de conversaciones, muchas aún no localizadas. «Ríete de Villarejo», afirmaron fuentes próximas a la investigación, que advierten de que el contenido de los audios no sólo salpica al Gobierno, sino también al Estado, al Ibex 35 y al Partido Popular.
Koldo tuvo meses para ocultar pruebas, alertado de la investigación por un guardia civil que traicionó a la UCO. De hecho, detectó seguimientos, enfrentó a uno de los agentes y hasta ofreció las llaves de su casa para evitar un registro violento que pudiera asustar a su hija. También tenía instalado un circuito de cámaras ocultas con el que grabó su propia detención.
El próximo 23 de julio deberá comparecer ante el Tribunal Supremo para responder por los audios y el contenido del informe que amenaza con derrumbar los muros del PSOE.
