La investigación de la Guardia Civil a Santos Cerdán ya salpica a Óscar Puente tras la aparición de una subvención de 40 millones de euros concedida por su Ministerio a las obras de los túneles de Belate, una actuación que ahora figura en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) remitido al Tribunal Supremo. El documento, adelantado por El Confidencial, menciona esta ayuda económica en hasta tres ocasiones y apunta a que podría incorporarse formalmente al conjunto de adjudicaciones bajo sospecha.

Los agentes sitúan el origen de este proyecto mucho antes de que Puente llegara al Ministerio. Según la UCO, tanto las gestiones para lograr respaldo estatal como la propia operación para sacar adelante la obra se remontan a 2019, cuando José Luis Ábalos dirigía Fomento. Aunque la adjudicación definitiva se formalizó en 2023, el informe recoge que las negociaciones ya estaban en marcha cuatro años antes.

Como prueba de ese arranque temprano del proyecto, la Guardia Civil incorpora una imagen oficial de una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2019. En ella aparecen el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura; el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero —imputado en el caso Koldo—; el consejero navarro Bernardo Ciriza; y el propio Santos Cerdán, entonces diputado por Navarra. Tras aquel encuentro, el Ministerio respaldó públicamente la duplicación de los túneles.

Años después, ya con Puente al frente de Transportes, el Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2024 una aportación de 40 millones de euros repartidos entre tres ejercicios presupuestarios para modernizar los túneles de Belate y Almandoz, en la carretera N-121-A. La UCO subraya que, cuando se otorgó esta ayuda, ya existían dudas sobre el procedimiento de adjudicación y críticas técnicas dentro de la mesa de contratación.

Las obras habían sido adjudicadas en diciembre de 2023 por el Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, a una UTE formada por Acciona, Servinabar —empresa vinculada al entorno de Cerdán— y Excavaciones Fermín Osés, por un importe de 76 millones de euros. Precisamente por ese contexto, los investigadores plantean al magistrado del Supremo Leopoldo Puente la conveniencia de incluir este proyecto dentro del bloque principal de adjudicaciones investigadas.

El caso de los túneles no es el único frente que afecta al actual ministro. Bajo su mandato, Transportes adjudicó también 2,2 millones de euros procedentes de fondos europeos a dos compañías señaladas por el empresario Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo: Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), ambas hoy bajo investigación judicial.

En concreto, OPR recibió más de dos millones de euros en una UTE con Grulop 21 para levantar una pasarela peatonal en Granada, mientras que LIC obtuvo cerca de dos millones por trabajos en la autovía A-42 a su paso por Getafe. Puente defendió públicamente estas adjudicaciones, restando valor a algunas de las pruebas aportadas por Aldama.

A estos contratos se suma una adjudicación de emergencia relacionada con la riada de Valencia. En noviembre de 2024, Adif encargó a la constructora Azvi SA la reparación de infraestructuras en la línea C3 de Cercanías, en el tramo Buñol-Utiel. El contrato superó los 14,9 millones de euros y posteriormente fue financiado con fondos europeos.

Esta empresa había tenido contratado a Koldo García por 6.000 euros mensuales para tareas de expansión internacional, un extremo que Azvi ha negado siempre que tenga cualquier relación con la trama. No obstante, Aldama aseguró en sede judicial haber cobrado 18.000 euros por mediar en la adjudicación de un contrato a esta compañía.