La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido que las presuntas actividades atribuidas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra habrían sobrepasado los límites del lobby legal para adentrarse, según los investigadores, en el terreno del tráfico de influencias y el cobro de comisiones irregulares.
El último informe remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sostiene que Zapatero no habría sido contratado únicamente para prestar servicios de asesoramiento, tal y como recogían formalmente los contratos analizados. De acuerdo con la tesis policial, esos acuerdos habrían servido para encubrir pagos vinculados a gestiones de intermediación realizadas en ámbitos políticos e institucionales de alto nivel.
La UDEF sitúa al exdirigente socialista en el centro de una supuesta estructura organizada que, según los investigadores, habría utilizado contactos internacionales y relaciones con altas autoridades para favorecer a determinados clientes. En ese contexto, el informe apunta a que Zapatero habría «liderado» una presunta organización criminal con ramificaciones en esferas relevantes de distintos países.
Una de las nuevas operaciones descritas por los agentes se refiere a un supuesto pago canalizado a través de la sociedad peruana Focus Social Research. Este abono ya fue mencionado durante la declaración de Zapatero ante el magistrado, aunque el expresidente evitó pronunciarse sobre él al alegar que no estaba incluido en el auto de imputación. La Policía, sin embargo, ya había señalado anteriormente esa operación como sospechosa en otros atestados.
Con este nuevo informe monográfico, la UDEF incorpora dicho pago al conjunto de hechos que se investigan y eleva la cantidad total de fondos presuntamente percibidos por Zapatero y su entorno. Según las pesquisas, la cifra de pagos opacos superaría ya los dos millones de euros, parte de ellos supuestamente canalizados mediante sociedades instrumentales relacionadas con el entorno de Julio Martínez Martínez, señalado por los investigadores como presunto testaferro.
Los agentes distinguen en su análisis entre la actividad de lobby, permitida por la legislación española, y las actuaciones que, a su juicio, habrían tenido una finalidad ilícita. En este caso, sostienen que Zapatero habría aprovechado su proyección pública, su agenda internacional y su capacidad de interlocución para intervenir en beneficio de clientes privados en asuntos de especial relevancia política y judicial.
El episodio central del nuevo informe se sitúa en Bolivia. Según la UDEF, Zapatero viajó al país en septiembre de 2024 tras diversas gestiones realizadas por su secretaria, Gertrudis Alcázar. El objetivo de ese desplazamiento habría sido mediar en favor de una empresa del Grupo Gloria, que se enfrentaba a una condena de 107 millones de dólares.
La investigación policial señala que esas gestiones habrían alcanzado a las más altas instancias del Estado boliviano. Entre los interlocutores mencionados figuran el entonces presidente Luis Arce, actualmente en prisión por una causa de corrupción, así como los ministros de Economía y Justicia y el Procurador General del Estado.
Tras esa supuesta mediación, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz estimó el amparo presentado por la empresa afectada y dejó provisionalmente sin efecto la resolución que obligaba al pago de los 107 millones de dólares. Para la UDEF, esta secuencia refuerza la hipótesis de que la actuación investigada no se limitó a una labor ordinaria de asesoría o representación de intereses, sino que pudo implicar una intervención irregular en decisiones institucionales y judiciales.
