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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

La UDEF pone contra las cuerdas al PSOE andaluz con sus últimas indagaciones

En medio del huracán de los ERE, con Chaves y Griñán en el banquillo, la Policía destapa nuevos escándalos sobre la otra gran trama que afecta al PSOE-A, los cursos de formación.

El exconsejero andaluz Ángel Ojeda tejió «una red de contactos dentro de la Junta» mediante «regalos a funcionarios» y empleos para familiares y allegados de cargos públicos que le permitía lograr información anticipada sobre adjudicaciones para captar subvenciones de cursos de formación, según la UDEF.
Así lo exponen los agentes en un atestado remitido el 24 de mayo al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga a Ojeda por presuntas irregularidades en las subvenciones de la Junta para cursos de formación recibidas por su grupo empresarial Prescal.
El informe policial, al que ha tenido acceso Efe, sitúa a Ojeda -que fue consejero de Hacienda entre 1987 y 1990- como la «cúspide» de una «organización criminal» conformada «por todo el entramado empresarial por él ideado con la única finalidad de obtener el mayor número de subvenciones de la Junta posible e enriquecerse, mediante métodos irregulares e ilícitos».
Un entramado en el que colocó a «personas de su confianza (familiares, socios, colaboradores y miembros de la Organización) para intentar desvincular estos de su persona y la supuesta relación entre ellas mismas» y entre las que destaca la empesa Serpro, con la que «estaría desviando los fondos públicos asignados a los gastos de los docentes», de manera que «más del 50%» del dinero que debía destinarse a su sueldo volvía a las arcas del grupo.
Todo ello mediante un «sistema de contrafacturación» por servicios falsos «tan eficiente y con tan buenos resultados para la organización en la comisión de los fraudes» que Ojeda se planteó crear una segunda empresa similar, Serpro 2, con sede en Cádiz, según un correo que consta en la documentación.
Pero sobre todo, el atestado describe un «posible tráfico de influencias» entre «cargos/empleados de la Junta de Andalucía, algunos de ellos con capacidad de decisión dentro del propio Servicio Andaluz de Empleo u otros organismos públicos» con Ojeda que mediante «regalos a funcionarios» y «colocación de familiares o amigos» solicitadas por éstos al empresario, le facilitó «conseguir cierta información y documentación anticipadamente lo que les permitía ir siempre un paso por delante del resto» de empresas que concurrían a las subvenciones para formación.

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