El Partido Socialista y Junts siguen negociando la ley de amnistía, la petición ineludible que los separatistas hacen al Gobierno para mantener su apoyo.
Y Sánchez, que de momento insiste en que no aceptará las dos últimas exigencias de los de Puigdemont —incluir todo tipo de terrorismo y el delito de traición a la patria—, busca la forma en que pueda contentarles. Así, su última idea pasa por modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal y limitar los plazos de instrucción.
Sánchez quiere desbloquear el anteproyecto de Justicia de reforma de esa ley que fue redactado por el exministro Juan Carlos Campo. Esa norma cambia aspectos sustanciales en la investigación de los delitos, que pasaría a depender de los fiscales y no de los jueces, como hasta ahora, según detalla Vozpópuli.
Además, el anteproyecto prohíbe expresamente que los partidos políticos, las organizaciones públicas o los sindicatos actúen como acusación popular en los procesos.
El Consejo General del Poder Judicial avaló en 2022 esa norma y que sea la Fiscalía la que instruya los casos penales siempre y cuando se refuerce su independencia. Sin embargo, esa no parece ser la intención del Ejecutivo socialista —¿la Fiscalía de quién depende?—.
