La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) ha recibido una petición formal para que examine si la actuación de Adif tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz se ajustó a la normativa comunitaria en materia de seguridad y preservación de pruebas. La solicitud plantea dudas sobre si el gestor ferroviario español respetó los procedimientos exigidos por la legislación europea tras un siniestro de estas características.
El escrito ha sido remitido al director ejecutivo del organismo europeo, Josef Doppelbauer, a quien se solicita analizar en particular la retirada de diversos elementos de la vía que formaban parte del escenario del accidente. La intervención tuvo lugar durante la madrugada del 22 al 23 de enero, cuando personal técnico de Adif desmontó soldaduras y fragmentos de carril del lugar donde se produjo el siniestro.
Según la información recogida en documentación judicial, trabajadores de la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes extrajeron hasta 18 soldaduras junto a varios tramos de vía y los trasladaron posteriormente a una base de mantenimiento del AVE situada en Hornachuelos, en la provincia de Córdoba. El responsable de esas instalaciones explicó ante la Guardia Civil que la orden se transmitió verbalmente desde un jefe de área de la compañía.
La operación se llevó a cabo sin autorización judicial previa y antes de que finalizaran las inspecciones técnicas en la zona por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y de la Guardia Civil. Este hecho generó controversia en la investigación, ya que algunos de los elementos retirados podían formar parte del material que los investigadores tenían previsto analizar para esclarecer las causas del siniestro.
La jueza encargada del caso, Cristina Pastor, titular del juzgado de Montoro, reaccionó ante lo ocurrido con un reproche formal al gestor ferroviario. En una resolución judicial ordenó devolver de inmediato todas las piezas retiradas, advirtiendo de que el incumplimiento de esa orden podría derivar en responsabilidades penales.
Los agentes de la Guardia Civil también alertaron de un problema adicional: entre los fragmentos desmontados podrían encontrarse precisamente las soldaduras que la CIAF pretendía examinar en su investigación técnica. Esta circunstancia abrió interrogantes sobre la integridad de la cadena de custodia de las pruebas del accidente, que dejó 46 fallecidos el pasado 18 de enero.
La petición elevada a la ERA sostiene que la actuación podría haber contravenido los protocolos europeos sobre investigación de accidentes ferroviarios. Las directrices elaboradas por el organismo comunitario en 2012 establecen que deben existir mecanismos eficaces para preservar pruebas desde el primer momento, evitar la pérdida de información técnica y garantizar un control estricto del acceso al lugar del siniestro.
Además, dichas normas subrayan la necesidad de elaborar de forma inmediata un inventario de evidencias en el escenario del accidente. Estos principios han sido reforzados en la actualización publicada en marzo de 2025 por la Red de Organismos Nacionales de Investigación con el respaldo de la ERA, que introduce incluso la posibilidad de que el organismo investigador «congele» el lugar del accidente para evitar cualquier manipulación de las pruebas.
El eurodiputado Borja Giménez, autor de la iniciativa, sostiene que en el caso de Adamuz existen «dudas razonables» sobre si esos mecanismos de preservación, control de acceso y protección del escenario se aplicaron correctamente. También cuestiona si la CIAF ejerció realmente un control exclusivo y efectivo sobre el área del accidente.
El parlamentario europeo ha trasladado además varias preguntas escritas a la Comisión Europea para que analice el asunto. En ellas solicita que Bruselas determine si la retirada de piezas de la vía antes de que la CIAF elaborara un inventario completo podría vulnerar el artículo 21.2 de la Directiva 2016/798, que obliga a garantizar el acceso inmediato de los investigadores al lugar del accidente y a todas las pruebas disponibles.
Asimismo, plantea si la actuación de terceros sobre el material del siniestro antes de que fuera examinado podría haber comprometido el principio de independencia que debe regir la labor del organismo investigador. Giménez también pide a la Comisión que aclare qué medidas adoptaría en caso de confirmarse irregularidades, incluyendo la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción contra España.
En paralelo, la carta remitida a la ERA aborda una cuestión estructural del sistema español de investigación de accidentes ferroviarios. El eurodiputado recuerda que la normativa comunitaria exige que los Estados miembros dispongan de una autoridad investigadora verdaderamente independiente.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha sido objeto de críticas en este sentido desde hace años. En 2016 las instituciones europeas cuestionaron su grado de autonomía, lo que desembocó en un procedimiento de infracción contra España. Como respuesta, en 2024 se aprobó una ley destinada a crear una Autoridad Administrativa Independiente para asumir esas funciones.
