«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Consideran que no viola la Carta de los Derechos Fundamentales

La Unión Europea rechaza investigar el caso del policía que se acostó con ocho separatistas: «No es asunto nuestro»

Daniel Hernández Pons, infiltrado de la Policía Nacional. Redes Sociales

Un grupo de separatistas catalanas ha decidido acudir al Tribunal Constitucional (TC) para recurrir la decisión de archivar la querella presentada contra un agente de la Policía Nacional que se infiltró en movimientos sociales en Barcelona. La denuncia, promovida por el centro de derechos humanos Irídia, sostiene que la infiltración del agente vulneró derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, como la integridad física y moral, la privacidad y las libertades de reunión y asociación.

El agente, conocido como «Dani», permaneció durante dos años en entornos okupas y antisistema, utilizando una identidad falsa, Daniel Hernández Pons, y llegando a cambiar su apariencia con tatuajes, un nuevo peinado y un cuerpo más musculado. Durante su misión, mantuvo al menos ocho relaciones afectivosexuales con mujeres pertenecientes a estos colectivos, cinco de las cuales lo denunciaron posteriormente.

Las mujeres alegan que hubo «abuso sexual y emocional» por parte del agente, argumentando que nunca fueron informadas de su verdadera identidad como policía. Aunque reconocen que las relaciones fueron consentidas, consideran que la falta de honestidad del infiltrado constituye una violación de sus derechos. En su querella inicial, presentada en enero de 2023, las denunciantes acusaron al agente de delitos como abuso sexual continuado, revelación de secretos, obstaculización de derechos cívicos y vulneración de la integridad moral.

La querella fue archivada primero por el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona y luego ratificada por la Audiencia Provincial, que consideró que no existía fundamento para continuar con el proceso. Ante este fallo, las activistas y la organización Irídia han decidido llevar el caso ante el Tribunal Constitucional como último recurso.

Este movimiento judicial se produce tras el reciente rechazo de la Unión Europea a investigar las denuncias relacionadas con estas infiltraciones. La Comisión Europea ha sido tajante al indicar que estos asuntos pertenecen exclusivamente al ámbito de las competencias de cada Estado miembro. En un escrito dirigido a la eurodiputada Estrella Galán, Bruselas señaló que «las cuestiones policiales como la mencionada entran en el ámbito de competencias de España» y no es asunto de ellos, y que ninguna de las prácticas denunciadas entra en conflicto con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La decisión del agente de mantener relaciones íntimas como parte de su misión ha generado un intenso debate, con críticas provenientes de sectores independentistas y de izquierda, que acusan a la Policía Nacional de utilizar métodos que consideran una violación de derechos fundamentales. A pesar de la controversia, ningún tribunal español ha considerado que estas acciones tengan reproche penal.

La iniciativa judicial de Irídia también pone el foco en las tácticas de infiltración utilizadas por las fuerzas de seguridad y en la falta de un marco legal que regule este tipo de operaciones. Mientras tanto, el caso sigue abierto en el debate público, con la división entre quienes defienden la misión policial y quienes denuncian el impacto de estas prácticas en los derechos y libertades de los colectivos afectados.

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