La Universidad de León (ULE) ha aprobado un reglamento que permitirá a profesores, estudiantes y personal administrativo ser identificados de manera oficial con su «nombre sentido», incluso si no han realizado ningún cambio legal en el Registro Civil. La medida, inspirada directamente en la Ley Trans de 2023, se recoge en el Boletín Oficial de Castilla y León y ha sido firmada por la rectora Nuria González, bajo el título de «Protocolo de Gestión Académica de la Identidad de Género relativa al nombre sentido«.

Según informa El Debate, el documento establece que los miembros de la comunidad universitaria podrán modificar su nombre en los registros internos de la institución, incluyendo la cuenta de correo electrónico, la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI), las listas de clase, las actas de calificaciones, los censos electorales y cualquier otro documento administrativo que dependa de la Universidad. De este modo, la ULE asume oficialmente los postulados de la ideología de género, sustituyendo la identidad legal por la percepción subjetiva del individuo.

El texto sostiene que su objetivo es «garantizar el derecho de las personas transexuales, transgénero e intersexuales a ser identificadas en los procedimientos y documentos administrativos internos«. Asimismo, cita expresamente la Ley 4/2023, «para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI», y argumenta que la sociedad española «está configurada por realidades de género que van más allá de lo binario«.

El nuevo reglamento actualiza el de 2021 e incorpora la terminología y los principios de la agenda de autodeterminación de género impulsada por el Gobierno de Sánchez. Sin embargo, el protocolo introduce un límite: en los documentos oficiales, como los títulos universitarios o certificados académicos, seguirá figurando el nombre que aparece en el DNI. Sólo si el cambio ha sido legalmente inscrito en el Registro Civil podrá reflejarse en los títulos.

La norma también contempla que la Universidad podrá rechazar nombres ofensivos o contrarios a la dignidad, con el fin de evitar parodias o abusos del sistema. Con esta decisión, la Universidad de León se suma a otras instituciones públicas que adoptan sin reservas la ideología woke bajo el pretexto de la inclusión.