La joven que siendo menor y tutelada por la Comunidad Valenciana fue víctima de abusos sexuales por parte del exmarido de Mónica Oltra, la exconsejera de Igualdad y exportavoz del Gobierno, ha pedido al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia la apertura de juicio oral contra ella y otros nueve exaltos cargos. En su escrito de calificación provisional, la joven, que ejerce la acusación particular, reclama tres años y medio de prisión para Oltra y 12 de inhabilitación para empleo o cargo público.
Según el escrito de acusación de esta parte, acusa a Oltra de los delitos de prevaricación, malversación y contra la integridad moral y, además de la prisión, reclama la prohibición de aproximarse o comunicarse con ella por un periodo de cinco años y que, en conjunto, le indemnicen con 120.000 euros por los daños morales, con la responsabilidad civil subsidiaria de la Comunidad Valenciana.
El pasado 21 de junio se hizo público que el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia —encargado de instruir la causa contra Oltra y otros exaltos cargos del departamento que dirigió por el encubrimiento de los abusos a una menor por parte de su exmarido— dictó el auto por el que procesaba a la exconsejera «por imperativo legal», en aplicación de la decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia que reabrió el proceso al entender que no podía descartarse «claramente» la existencia de infracción penal y que concurrían indicios suficientes para encausar a los investigados.
Ahora, la víctima de los abusos del exmarido de la exvicepresidenta —condenado en sentencia firme a cinco años de prisión— pide tres años y medio de cárcel para la exconsejera al considerar que fue la que, entre los días 4 y 8 de agosto de 2017, dio la orden de abrir un «expediente informativo» sobre los hechos, que no iba dirigido «a fiscalizar el mal funcionamiento de la Administración, para lo que podría haberse activado el Servicio de Inspección», sino a «entorpecer la acción de la Justicia» en este caso.
Esta acusación mantiene los cargos contra otras nueve personas más, personal funcionario o cargos que trabajaban en la consejería, como la entonces directora general, la subdirectora o la directora territorial. A su juicio, los acusados actuaron «con conocimiento de la evidente ilegalidad, arbitrariedad y desviación de poder que suponía el dictado y ejecución de una resolución que ordenaba tramitar un expediente de averiguación de hechos delictivos y bajo investigación judicial».
