En un año marcado por una temporada de incendios que ya ha devorado miles de hectáreas en España, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería, emerge como un símbolo preocupante de las contradicciones en las políticas migratorias. Mientras el Gobierno central promueve medidas de acogida que, en la práctica, facilitan un flujo descontrolado de inmigración ilegal, este enclave protegido —uno de los más valiosos ecosistemas del Mediterráneo— sufre un deterioro silencioso pero acelerado. Embarcaciones abandonadas y quemadas, y garrafas de combustible desechadas se acumulan en sus calas vírgenes, generando contaminación plástica y un riesgo real de fuegos incontrolados. Una investigación exclusiva de LA GACETA ha documentado fotográficamente estos residuos en pleno corazón del parque, revelando cómo el efecto llamada no solo presiona sobre nuestros valores y seguridad, sino que también pone en jaque un paraíso natural.
Almería ha sido, en los últimos años, el principal punto de entrada ilegal por vía marítima en la península ibérica, superando con creces a otras regiones costeras. Según datos recopilados, entre 2019 y 2024 arribaron más de 2.300 pateras a sus costas, transportando a más de 30.000 inmigrantes ilegales. Esta cifra representa un incremento sostenido: en 2021, se registraron 6.519 llegadas; en 2022, 3.995; en 2023, 6.433 a bordo de 492 embarcaciones; y en 2024, 4.067. Desde 2017, la provincia ha mantenido un promedio anual superior a las 5.000 llegadas ilegales, con ligeras excepciones. Las proyecciones para 2025 apuntan a una continuidad de esta tendencia.
LA GACETA ha puesto el foco en cómo estas llegadas ilegales convierten parajes naturales en vertederos improvisados. En calas como la del Bergantín o la Playa de los Muertos, se han documentado fotográficamente embarcaciones abandonadas y quemadas, incluidas narcolanchas utilizadas por mafias que solapan el tráfico de drogas con la inmigración ilegal. Estas «gomas» o planeadoras, a menudo incendiadas para eliminar evidencias, liberan toxinas al suelo y al mar, contaminando praderas de posidonia oceánica —esenciales para la biodiversidad marina— y afectando a más de mil especies de flora endémica del parque, según las fuentes consultadas.
Un elemento particularmente alarmante son las garrafas de 25 litros, conocidas como «petacas», abandonadas en playas y fondos marinos. Estas contienen residuos de combustible que contaminan, generan microplásticos —con más de un millón de toneladas ya en el Mediterráneo, según informes ambientales—, y representan un riesgo latente de incendios. En una época de sequía extrema, como la que vivimos en 2025, con incendios descontrolados en varias regiones españolas, estos bidones desechados podrían actuar como acelerantes, exacerbando el peligro en un ecosistema ya vulnerable. Además del peligro latente que supone la propia quema de estas pateras para la interrupción de investigaciones policiales.
Por otro lado, en este asunto radica una de las grandes ironías de nuestro tiempo. Sectores progresistas, que defienden con vehemencia el fanatismo climático y abogan por una inmigración «humanitaria» sin controles estrictos, se enfrentan ahora a una realidad incompatible. ¿Cómo reconciliar el apoyo a políticas de puertas abiertas con el deterioro de enclaves como Cabo de Gata, donde la inmigración ilegal deja un legado de contaminación y riesgo incendiario? Quizás, en un giro sarcástico, propongan cursos medioambientales en Argelia o Marruecos, enseñando a los inmigrantes ilegales a depositar sus bidones de combustible en contenedores de reciclaje después de emprender la travesía.
Se hace necesario replantear prioridades. Endurecer los controles en origen, colaborar más estrechamente con países emisores y priorizar deportaciones efectivas no sólo reduciría las llegadas ilegales, sino que preservaría tesoros naturales como Cabo de Gata.
