La acusación popular en el caso de las cloacas del PSOE pedirá al juez Santiago Pedraz la adopción de medidas cautelares contra la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, citados como investigados por presunta prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia.

Las partes personadas consideran que la continuidad de ambos en sus cargos puede comprometer el desarrollo de la investigación. Sostienen que, por la posición que ocupan dentro de la cúpula de la Guardia Civil, existe riesgo de destrucción de pruebas o de interferencia en las pesquisas abiertas por la Audiencia Nacional.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles, que también ejerce la acusación popular, reclamará que González y Llamas sean apartados de sus responsabilidades mientras avance el procedimiento. La organización entiende que su permanencia al frente del Cuerpo resulta incompatible con la gravedad de los indicios que se investigan.

El juez Pedraz ha citado a declarar a ambos el próximo 16 de julio, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara su imputación. El Ministerio Público sostiene que desde la dirección de la Guardia Civil se habrían impulsado actuaciones internas para generar un «efecto de desaliento» sobre la Unidad Central Operativa en investigaciones sensibles para el Gobierno.

Según el escrito de Anticorrupción, la presunta trama habría tratado de inquietar el trabajo ordinario de la UCO mediante sospechas sobre sus actuaciones y la apertura de expedientes de información reservada. Esos movimientos se habrían producido en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno del presidente Pedro Sánchez.

La imputación ha provocado una fuerte reacción entre asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Varias de ellas han pedido la dimisión inmediata de Mercedes González y el cese de Manuel Llamas, al considerar que la imagen y el prestigio de la institución quedan dañados por la situación judicial de sus máximos responsables operativos y políticos.

Pese a estas reclamaciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ratificado su confianza en la directora general y en el DAO. El procedimiento queda ahora pendiente de las declaraciones ante Pedraz y de las medidas que puedan solicitar las acusaciones para impedir que los investigados sigan ocupando puestos con capacidad de influencia sobre la causa.