Las agencias de gestación subrogada continúan operando en España pese a su prohibición legal, utilizando páginas web, dominios alternativos y campañas publicitarias dirigidas a potenciales clientes. Todo ello, incluso después de resoluciones judiciales que ordenan el cese de estas prácticas. El último caso lo ha dictado el Tribunal de Instancia de Madrid, que ha condenado a la empresa Go4Baby por «publicidad ilícita y desleal», estimando íntegramente la demanda de la Fiscalía y prohibiendo la promoción de estos servicios en territorio español.
El fallo es claro: la gestación subrogada no puede ser objeto de publicidad en España. Sin embargo, la actividad persiste sin apenas obstáculos. Las empresas del sector han desarrollado una estructura digital que les permite esquivar la legislación mediante el uso de dominios espejo y páginas alojadas en el extranjero, aunque mantengan teléfonos, direcciones y atención al cliente en España.
Uno de los casos más evidentes es el de la empresa Gestlife, que incluye en su web un aviso en el que afirma que no puede publicitar sus servicios en España. A continuación, redirige al usuario a páginas alojadas en otros países donde sí ofrece información detallada sobre sus programas. Estas webs alternativas incluyen precios, condiciones y procedimientos, todo ello accesible desde España y orientado explícitamente a clientes españoles, según revela El Mundo.
La estrategia se completa con campañas de posicionamiento en buscadores y publicidad en redes sociales. Tras acceder a sus páginas, los usuarios reciben anuncios en plataformas como Instagram para concertar citas. El mensaje es directo: «Tú no te encargas de nada. Sólo de aportar el material genético«.
Los precios del proceso varían en función del país. En Ucrania, uno de los destinos más promocionados, el coste oscila entre los 53.000 y los 75.000 euros. La guerra, lejos de suponer un obstáculo, aparece descrita como una ventaja competitiva: «hay un superávit de oferta de gestantes» y «no hay lista de espera«.
El proceso se presenta como un servicio integral. Incluye selección genética de embriones, pagos por fases, cobertura de gastos médicos y acompañamiento permanente. Incluso contempla supuestos extremos: en caso de fallecimiento del bebé antes de los dos años, la empresa ofrece el «reinicio del programa», una fórmula que implica la repetición del proceso sin coste adicional.
La operativa se apoya en la participación de varias mujeres. Una dona los óvulos sin conservar derechos sobre ellos. Otra gesta el embrión sin vínculo legal con el niño. Todo ello bajo contratos que, según la propia empresa, garantizan que el cliente obtendrá «el hijo deseado, pase lo que pase».
El procedimiento no termina con el nacimiento. Las propias agencias reconocen que las autoridades españolas no inscriben a los niños nacidos por gestación subrogada. Por ello, diseñan estrategias legales para introducir al menor en España, que incluyen procesos de filiación, adopciones posteriores o incluso demandas judiciales para forzar medidas cautelares.
España aparece de forma reiterada como mercado objetivo en estas plataformas. Las campañas, los canales de contacto y los servicios están diseñados específicamente para clientes españoles, pese a la prohibición expresa de la ley y a las recientes condenas judiciales.
El modelo se completa con prácticas destinadas a facilitar la entrega del recién nacido. Entre ellas, el uso de objetos como la llamada «bola de embarazo«, un dispositivo sonoro que la gestante lleva durante el embarazo y que posteriormente se entrega a los clientes para facilitar la adaptación del bebé tras la separación.
Todo el proceso se envuelve en un lenguaje emocional, pero se estructura como una transacción comercial. Las referencias a «milagro» o «regalo» conviven con términos como «costes», «garantías» o «reinicio del programa». El objetivo es claro: asegurar al cliente que obtendrá un hijo, incluso en contra del marco legal vigente en España.
Las resoluciones judiciales, por ahora, no han logrado frenar una actividad que se adapta con rapidez a cada restricción. El conflicto de fondo sigue abierto: la legislación prohíbe la gestación subrogada, pero las empresas continúan operando y captando clientes desde España sin que exista un mecanismo eficaz para impedirlo.
