Las últimas estadísticas oficiales han revelado que en 2024 se produjeron 5.206 agresiones sexuales con penetración en España, un número que casi multiplica por tres la cifra de hace apenas seis años, en 2019. Entonces, el registro era de 1.878 casos. La media diaria se ha disparado: de cinco violaciones al día en 2019, se ha pasado a catorce en la actualidad.
El aumento sostenido de delitos sexuales en España se ha convertido en una de las mayores preocupaciones en materia de seguridad. El año pasado se notificaron 21.159 delitos contra la libertad sexual, lo que representa un crecimiento del 5,7% respecto a 2023. La tendencia ascendente se repite año tras año, con la única excepción de 2020, año en el que las restricciones por la pandemia redujeron la movilidad y los contactos sociales.
El Ministerio del Interior, a través del Portal Estadístico de Criminalidad, recoge estas cifras alarmantes que reflejan no sólo un aumento de las denuncias, sino también un cambio en el tipo de agresiones: se incrementan los abusos cometidos en grupo, los perpetrados por menores de edad y los que se producen en espacios de ocio nocturno. De hecho, se calcula que, en promedio, cada 105 minutos una mujer es víctima de una violación en el país.
El Gobierno ha atribuido parte de este repunte a una mayor sensibilización social y a una creciente disposición de las víctimas a presentar denuncia. Sin embargo, esta explicación no exime de responsabilidad institucional ni resuelve una pregunta clave: ¿por qué las campañas de concienciación, los protocolos de prevención y las reformas legales como la ley del “solo sí es sí” no están logrando frenar el problema?
A todo ello se suma el conflicto de generado por la inmigración ilegal descontrolada. En Cataluña, el porcentaje de inmigrantes encarcelados por violación ya se dispara hasta el 91,67%, mientras que en Vizcaya el 64% de detenidos por delitos sexuales son extranjeros.