Informes internos aportados a la Audiencia Nacional adelantados por OkDiario han desvelado que la investigación del denominado caso Koldo no se limita a posibles comisiones en contratos públicos, sino que apunta también a maniobras deliberadas dentro de empresas e instituciones para ocultar pagos irregulares.

Uno de los documentos clave procede de una auditoría forense encargada por Tragsa en agosto de 2025. Este análisis técnico permitió recuperar correos electrónicos que habían sido eliminados, incluso tras revisar papeleras y archivos borrados. Entre ese material reconstruido aparecen comunicaciones que detallan cómo un directivo de ADIF, Ignacio Zaldívar, intervino para impulsar la contratación de Jésica Rodríguez en Tragsatec para un puesto administrativo.

Según esos correos, el proceso se inició a comienzos de 2021, cuando Zaldívar remitió su currículum junto al de otros candidatos. Sin embargo, en la documentación interna se reflejaba un criterio distinto al habitual: en una hoja de cálculo recuperada por los peritos, junto al nombre de la candidata figuraba la anotación «sobrina ministro», lo que evidenciaría que su selección respondía a motivos ajenos al proceso ordinario. Finalmente, fue contratada pese a competir con centenares de aspirantes.

La auditoría también recoge presiones posteriores relacionadas con su desempeño. Cuando responsables internos trataron de exigirle el cumplimiento de sus obligaciones laborales, se produjeron intervenciones para frenar esas exigencias. En algunos mensajes se describía la situación como un asunto «delicado», mientras que en otros se advertía de llamadas desde instancias superiores cuestionando el trato hacia la empleada.

Paralelamente, otro informe relevante, elaborado por Acciona en diciembre de 2025 y remitido a la Fiscalía, introduce un elemento adicional en la investigación: la propia compañía reconoce que dentro de su estructura se habrían ocultado deliberadamente determinados pagos a la empresa Servinabar. Esta actuación habría impedido que los mecanismos internos de control detectaran irregularidades.

En ese documento, de más de un centenar de páginas, la constructora admite que no ha podido acreditar la prestación real de servicios asociados a facturas abonadas a dicha empresa en proyectos como la integración ferroviaria de Sant Feliu de Llobregat o la Variante de Logroño. El importe total de esos pagos supera los tres millones de euros.

Lo más relevante para los investigadores no es únicamente la cuantía, sino la conclusión de que el sistema de control falló porque alguien actuó de forma consciente para ocultar información. La compañía habla de prácticas de ocultación que habrían hecho «indetectable» el posible fraude, aunque reconoce que no dispone de capacidad para esclarecer si hubo enriquecimiento personal de empleados implicados.

Ambos informes, el de Acciona y el de la auditoría de Tragsa, dibujan un escenario más amplio en el que no sólo se investigan adjudicaciones bajo sospecha, sino también la posible existencia de actuaciones internas dirigidas a encubrirlas. La causa, por tanto, se extiende más allá de las relaciones externas entre empresas y administraciones, poniendo el foco en los mecanismos internos que habrían permitido sostener esas prácticas sin ser detectadas durante un tiempo.