El empresario Víctor de Aldama ha alertado de un agravamiento de las amenazas contra su persona tras conocerse públicamente que ha entregado en la Audiencia Nacional el denominado “sobre de PDVSA”, que contendría pruebas sobre la presunta financiación ilegal del PSOE. Su entorno sostiene que la difusión de esta información responde a una “filtración interesada” que incrementa el riesgo para su integridad física.
Aldama acudió el pasado 12 de marzo a la Audiencia Nacional, acompañado de su abogado, el penalista José Antonio Choclán, para entregar el material de forma secreta ante el magistrado Ismael Moreno y un fiscal anticorrupción. La comparecencia se produjo bajo estrictas condiciones de discreción tras exigir garantías de seguridad, lo que ya había motivado la suspensión de una citación previa fijada para el 4 de marzo.
Según fuentes cercanas al empresario, la filtración de esa entrega ha provocado un aumento “exponencial” de las amenazas de muerte que viene denunciando desde hace más de un año. Aldama vincula estas intimidaciones con su intención de aportar documentación sensible sobre el PSOE y la Internacional Socialista, organización que preside Pedro Sánchez.
El comisionista ya había advertido del riesgo para su seguridad tras el tiroteo sufrido por su vehículo en noviembre de 2024, un episodio que, según su entorno, fue inicialmente negado por fuentes oficiales hasta que se publicaron pruebas. Desde entonces, insiste en que se encuentra “expuesto” y sin protección institucional.
En este contexto, Aldama ha criticado abiertamente al Ministerio del Interior, dirigido por el ministro Fernando Grande-Marlaska, por no haberle ofrecido medidas de seguridad ni contacto alguno pese a la gravedad de los hechos denunciados. El empresario contrapone esta situación con otros casos en los que sí se han activado mecanismos de protección, lo que interpreta como un trato desigual.
Durante su declaración ante el juez, que se prolongó durante aproximadamente dos horas, Aldama entregó “todo el contenido” del sobre sin reservar información, según su entorno. El material, que tendría su origen en la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, incluiría documentación y elementos gráficos que podrían abrir nuevas líneas de investigación en la Audiencia Nacional.
El caso sitúa ahora el foco no sólo en el contenido de las pruebas, sino también en la protección de quien las aporta, en un contexto de creciente tensión política y judicial por las posibles implicaciones para el PSOE.
