Agricultores del Bajo Guadalquivir, una de las zonas agrícolas más productivas de Andalucía, están denunciando la creciente presión de empresas energéticas interesadas en transformar sus terrenos de cultivo en grandes instalaciones solares. Este fenómeno, cada vez más frecuente, amenaza con desfigurar el paisaje agrario tradicional de la comarca y comprometer la continuidad de explotaciones familiares que llevan generaciones dedicadas al campo.
La expansión acelerada de proyectos de energías renovables en la región ha provocado una ola de malestar entre las comunidades de regantes, especialmente en municipios como Lebrija, donde aseguran que muchas de estas iniciativas se impulsan sin diálogo ni consulta previa. Terrenos fértiles, que abastecen de productos hortofrutícolas a buena parte de Andalucía, están siendo objeto de ofertas para convertirse en plantas fotovoltaicas, con el consiguiente riesgo para la actividad agrícola y la seguridad alimentaria local.
Uno de los aspectos más controvertidos es la tala indiscriminada de olivos centenarios para despejar el terreno para las placas solares. Esta práctica ha sido ya motivo de quejas formales ante instituciones europeas y ha generado una fuerte reacción social en defensa del patrimonio agrario andaluz. Diversos colectivos acusan al Ejecutivo autonómico, presidido por Moreno Bonilla, de favorecer estos proyectos sin una planificación territorial que respete los suelos productivos.
Desde el sector agrario se exige un modelo más equilibrado de transición energética, donde las infraestructuras renovables se ubiquen en zonas no cultivables, evitando así el desplazamiento de la agricultura. Asimismo, demandan mayor claridad en los procedimientos de aprobación y una participación real de los afectados en las decisiones que afectan al uso del suelo rural.
Este jueves, el portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, se reunió con representantes de la Comunidad de Regantes Sector B-XII del Bajo Guadalquivir para trasladarles su respaldo. Durante el encuentro, Gavira denunció lo que calificó como un «fundamentalismo verde» impulsado tanto por el Gobierno central como por la Junta de Andalucía, y advirtió sobre la falta de rigor con la que se están desarrollando muchos de estos proyectos.
En concreto, criticó que Juanma Moreno minimice el impacto territorial de estas instalaciones al referirse únicamente a la superficie ocupada por las placas, sin contabilizar ni las líneas de evacuación eléctrica ni el espacio aéreo afectado por las torres. “Si se suma todo, la afectación al campo andaluz es mucho mayor de lo que el Gobierno autonómico reconoce”, afirmó Gavira.
