La Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025, impulsada por la Junta de Andalucía bajo el liderazgo de Juanma Moreno, destinó más de 290 millones entre 2021 y 2024 para fomentar la «inclusión y convivencia» de los inmigrantes en Andalucía.
Está inversión económica, que abarca de momento —a falta de datos de 2025— cuatro Planes Operativos Anuales (64,98 millones en 2021, 76,50 millones en 2022, 78,03 millones en 2023 y 70,59 millones en 2024), se presenta como una respuesta a las necesidades de los inmigrantes, pero su enfoque prioriza la acogida e integración sin ningún tipo de medidas de control migratorio e incentiva la inmigración ilegal en un contexto de crecientes entradas en los últimos años.
El grueso del presupuesto total en cuatro años se ha canalizado para la «inclusión e integración social», que financia numerosos programas, entre ellos destacan los destinados a la dotación de viviendas para inmigrantes concentrados en asentamientos chabolistas. Asimismo, se integran numerosos ejes presupuestarios en los que también resultan altamente beneficiados menas y extutelados por la Junta de Andalucía.
Así, más de 100 millones de euros se han destinado a menas y jóvenes extutelados, incluyendo 72,83 millones para centros de protección y 27,91 millones para «itinerarios sociolaborales y acogida». La inversión constante en centros de protección plantea preguntas sobre si dichos recursos, dirigidos a presuntos menores que en la inmensa mayoría casos llegan ilegalmente, superan la atención a menores andaluces vulnerables. La mayoría de las partidas funcionan realmente como un efecto llamada al garantizar innumerables servicios sin marcos restrictivos.
En materia de sanidad, se han invertido más de seis millones de euros, con partidas para formar a profesionales, mejorar el acceso a cribados y vacunación, y reforzar la mediación sociosanitaria. Aunque estas medidas aparentan «proteger la salud pública», aparecen gastos en colectivos específicos como ciertos programas de salud sexual para los inmigrantes.
Otros ejes de inversión llamativos con partidas presupuestarias superiores a los cinco millones de euros financian campañas «contra el racismo», programas educativos como Lengua Árabe y Cultura Marroquí, y estudios como el Observatorio de la Inmigración en Andalucía (OINAN).
