En el año 2018, más concretamente en diciembre, Pedro Sánchez viajó a Marruecos para ejecutar la adhesión de España al comúnmente conocido como Pacto de Marrakech. Un acuerdo dentro del marco de la Agenda 2030 que el Sr. Sánchez podría haber declinado, como hicieron otros países europeos, pero no, aconsejado por el actual ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el presidente del Gobierno decidió incluir a España en el pacto migratorio de la ONU sin ni tan siquiera llevar a consulta parlamentaria la adhesión de nuestro país a dicho acuerdo.
El Pacto de Marrakech contempla una serie de objetivos encaminados a la integración y aceptación de la inmigración ilegal. Con objetivos como el número 17, el acuerdo de la ONU invita a sancionar cualquier comentario que pueda suponer odio hacia los inmigrantes ilegales, incluso abre la posibilidad de penalizar a aquellos medios de comunicación desde los que se entiendan ciertas manifestaciones contrarias a la inmigración ilegal. Un objetivo controvertido del que ya advirtió algún europarlamentario.
Ahora es Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, el que se lanza a la elaboración y ejecución de un acuerdo denominado “Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021 – 2025”. Un documento al más puro estilo del Pacto de Marrakech, basado en gran parte en la Agenda 2030 (mencionada en este documento en hasta seis ocasiones) y con el que el Sr. Moreno, lejos de activar una estrategia determinante para combatir las nefastas cifras de inmigración ilegal que registra su comunidad autónoma, emula el acuerdo suscrito en Marruecos para la imposición de la “inclusión y la convivencia” de los andaluces con la inmigración.
Al igual que el Sr. Sánchez, el presidente de la Junta de Andalucía llevaba desde enero de este año inmerso en la elaboración del documento para la inmigración en Andalucía, y no ha sido hasta llegado el mes de julio, cuando la sociedad andaluza ha podido conocer que el mismo ha sido llevado este martes al Consejo de Gobierno. Según contempla el acuerdo andaluz, su misión principal pasa por “facilitar y contribuir a la integración e inclusión de la población migrante en Andalucía desarrollando políticas publicas que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades, respeten la diversidad de todas las personas y culturas y promocionen espacios de convivencia y cohesión en colaboración con otras Administraciones Publicas, agentes sociales y entidades sin animo de lucro presentes en el territorio.”
La citada “Estrategia Andaluza para la Inmigración” no contempla en ningún caso medidas encaminadas para la protección de aquellas personas que pudiesen resultar damnificadas por esta inmigración ilegal. En prácticamente la totalidad del documento hace alusiones reiteradas a la adaptabilidad de la población andaluza a la cultura del inmigrante para facilitar la convivencia, pero en contadas ocasiones deja entrever una actitud recíproca.
El Gobierno de la Junta de Andalucía establece además como principios la “garantía de acceso en condiciones de igualdad a los diferentes recursos y servicios de la comunidad autónoma, independientemente del origen de las personas” y la “equiparación de derechos y obligaciones de la población migrante y española, dentro del marco de los valores constitucionales básicos”, pretendiendo así establecer condiciones y derechos similares entre la población andaluza y aquellos que han accedido a Andalucía a través de la violación de las fronteras marítimas y por la vía de la ilegalidad.
Un ejemplo de lo citado con anterioridad podemos observarlo en la concesión y tramitación de la tarjeta sanitaria, a través de la cual miles de inmigrantes ilegales tienen acceso libre al Servicio Andaluz de Salud. Según el propio Juanma Moreno en respuesta a una pregunta planteada por el Grupo Parlamentario VOX en Andalucía en la cámara andaluza, son más de 30.000 los inmigrantes ilegales que en estos momentos disfrutan de la gratuidad de la asistencia sanitaria en la comunidad autónoma.
Si bien el acuerdo migratorio de Juanma Moreno hace ligeras alusiones a la inmigración procedente de Iberoamérica, la mayor parte de medidas contempladas en la “Estrategia Andaluza para la Inmigración” están directamente enfocadas al perfil de inmigrante que llega a la comunidad autónoma de manera ilegal. Acorde a los datos recogidos en el dossier llevado al Consejo de Gobierno, Andalucía tutela en estos momentos más de 4.000 menas para los que solicita “reforzar la atención” y “una respuesta integral y adecuada” una vez estos supuestos menores dejen de encontrarse tutelados por las administraciones públicas.
En otro orden de cosas, el Gobierno andaluz establece como necesidades “favorecer el acceso a recursos habitacionales”, “mejorar la percepción de la sociedad andaluza sobre la inmigración y la diversidad cultural” y “desmontar rumores y estereotipos negativos asociados a la población migrante”. Algo que ya comenzó Juanma Moreno en noviembre, cuando estableció un acuerdo con Maldita.es para “luchar contra la desinformación”. O a través de la campaña iniciada a través de la Consejería representada por su socio de Gobierno, Juan Marín, a través de la cual bajo el lema “no des bola al bulo” pretendían –y cito textualmente- “erradicar los bulos que circulan sobre las personas migrantes”.
Como retos inmediatos, la “Estrategia Andaluza para la Inmigración” propone “adecuar los recursos del sistema de protección de menores al incremento de la llegada de niñas, niños y adolescentes migrantes sin referentes familiares a Andalucía”, lo cual apunta directamente a un aumento de la logística para la acogida de menas en la comunidad autónoma, región que como se ha citado anteriormente, ya acoge a más de 4.000 menores extranjeros no acompañados, prácticamente el 35% del total de tutelados por las diferentes administraciones autonómicas a lo largo de todo el territorio nacional.
Por otro lado, acorde a información publicada por el propio Gobierno de Juanma Moreno, en Andalucía existen más de 1.700 personas sin hogar según los datos registrados en 2017. Un fenómeno que, según ellos mismos citan, ha ido en aumento. A pesar de ello, el acuerdo migratorio andaluz contempla como otro de los retos inmediatos “favorecer el acceso a una vivienda digna de la población migrante y trabajar por la erradicación del chabolismo”.
Otro de los objetivos generales contemplados en el pacto migratorio andaluz establece “una estrategia de sensibilización y comunicación sobre las migraciones que fomenten el principio de igualdad de oportunidades y de trato, rechazando toda forma de racismo y xenofobia, trabajando la visibilidad social de las personas migrantes y refugiadas con la carga positiva del enriquecimiento que supone la diversidad cultural”. Toda una declaración de intenciones hacia la corrección política en la que antepone el respeto desde la población andaluza a los efectos negativos que puede conllevar una inmigración masiva, ilegal y desordenada.
Aumento de la acogida de menas, acceso a la sanidad pública, vivienda y la imposición del respeto a la inmigración son algunos de los puntos fuertes de esta denominada “Estrategia Andaluza para la Inmigración” en la que la Junta de Andalucía nos propone un partido en el que el árbitro solo pitará aquellas faltas a favor del equipo visitante.
