Las repatriaciones de inmigrantes llegados a Ceuta durante la entrada masiva del pasado 30 de julio avanzan a cuentagotas. Funcionarios de la Administración se niegan a agilizar o firmar determinados expedientes por temor a incurrir en un delito de prevaricación, según fuentes gubernamentales citadas por El Mundo.
El Ejecutivo admite que esta situación está provocando un auténtico embudo burocrático cuando todavía permanecen en la ciudad alrededor de 1.200 menores extranjeros.
Los primeros expedientes ordinarios de repatriación comenzarán a enviarse esta misma semana, un mes después de la avalancha migratoria. Afectarán inicialmente a unos 25 menores, aunque el Gobierno confía en elevar la cifra hasta aproximadamente 35. Eso significa que el procedimiento arrancará, por ahora, para poco más del 2% de los menores que siguen en Ceuta.
«Nadie quiere responsabilizarse de nada»
El temor de los funcionarios tiene su origen en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la exdelegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la exvicepresidenta de la ciudad Mabel Deu por un delito de prevaricación administrativa.
La condena estaba relacionada con la repatriación acelerada de 55 menores marroquíes realizada en 2021. Desde entonces, según fuentes del Ejecutivo, los empleados públicos se niegan a apartarse siquiera mínimamente de los procedimientos establecidos.
«Nadie quiere agilizar los expedientes, por miedo a que lo condenen. Nadie quiere firmar un papel», explican fuentes gubernamentales. «Lo que ha provocado esa sentencia es esto, que nadie quiera responsabilizarse de nada», añaden.
Los funcionarios están aplicando ahora literalmente cada uno de los trámites y garantías previstos por la normativa, lo que ralentiza notablemente cualquier devolución.
Marruecos mantiene pendientes otros 600 expedientes
El atasco no termina en España. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reveló la pasada semana que Marruecos mantiene pendientes unos 600 expedientes de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta antes incluso de la crisis del 30 de julio.
Pese a ello, desde Moncloa continúan asegurando que Rabat está dispuesto a aceptar el regreso de «absolutamente todos» los inmigrantes que protagonizaron la entrada masiva.
El Gobierno sostiene que alrededor del 90% de quienes cruzaron por el Tarajal regresaron a Marruecos durante los días posteriores, aunque miles continúan todavía vinculados a diferentes procedimientos en territorio español. Según las mismas fuentes, alrededor de 200 inmigrantes adultos ya han sido expulsados mediante procedimientos extraordinarios, fundamentalmente después de la comisión de delitos menores.
Las solicitudes de asilo complican todavía más las expulsiones
Otro de los obstáculos reconocidos por el propio Ejecutivo es el aumento de las solicitudes de protección internacional. «Todos los que entran y se quieren quedar, ahora piden asilo político. Eso complica el expediente», admiten fuentes gubernamentales.
Cada petición obliga a realizar entrevistas, comprobaciones y trámites adicionales antes de que pueda ejecutarse cualquier devolución.
El Gobierno reconoce que el sistema español es especialmente garantista y admite que buena parte de los retrasos son atribuibles a los procedimientos españoles y al temor generado por la sentencia sobre las repatriaciones de 2021.
