Las investigaciones del Tribunal Supremo han confirmado la existencia de una red de blanqueo de dinero vinculada al caso conocido como trama PSOE-Koldo, que se extendía hasta la República Dominicana. Los magistrados sostienen que los movimientos de dinero y los testimonios recogidos en la causa apuntan a un esquema perfectamente organizado que servía para canalizar los beneficios obtenidos de contratos públicos hacia cuentas y empresas en el extranjero, según avanza Libertad Digital.
Según el último auto judicial, varios testigos han ofrecido declaraciones que coinciden en señalar que en noviembre y diciembre de 2021 se realizaron entregas de dinero en efectivo en la isla caribeña. Entre ellos figura Aránzazu Granel Barbadillo, trabajadora de una compañía relacionada con Javier Serrano, socio de Víctor de Aldama, quien aseguró haber entregado dos veces 10.000 dólares al hermano de Koldo García, siguiendo instrucciones directas de sus superiores.
El propio Serrano reconoció ante el Supremo que su empresa mantenía operaciones en República Dominicana durante ese periodo y que las transferencias en metálico fueron ordenadas por Aldama. Estas declaraciones refuerzan la hipótesis de los investigadores sobre la existencia de una red de blanqueo montada para mover fondos fuera de España y evadir el control de las autoridades fiscales.
El sumario también cita a Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, quien admitió haber viajado en repetidas ocasiones a República Dominicana, aunque intentó justificar esos desplazamientos con motivos poco concretos. Los jueces, sin embargo, consideran que la frecuencia y la brevedad de sus visitas resultan «inusuales» y difícilmente explicables sin vincularlas con la recogida de dinero en efectivo.
El Tribunal Supremo sostiene que Koldo García Izaguirre y el exministro de Transportes José Luis Ábalos se aprovecharon de la posición institucional de este último para obtener ventajas económicas y facilitar adjudicaciones irregulares a determinadas empresas. Según el testimonio de Víctor de Aldama, los pagos se efectuaban en metálico y, en ocasiones, incluso dentro de dependencias oficiales, como el propio ministerio o la residencia del ministro.
Aldama llegó a declarar que él mismo presenció cómo García Izaguirre entregaba parte del dinero a Ábalos y que, cuando no disponía de suficiente efectivo en España, recurrieron a fondos que tenía disponibles en una de sus empresas dominicanas. Esa compañía manejaba grandes cantidades de dinero procedente de pruebas de detección del Covid-19 realizadas a turistas, lo que permitía disponer de efectivo para satisfacer las exigencias del exministro y su colaborador.
El conjunto de testimonios y documentos aportados refuerza la acusación de que la trama no sólo actuaba dentro de España, sino que había montado una infraestructura internacional para lavar dinero procedente de adjudicaciones públicas. El caso, aún en instrucción, amenaza con convertirse en uno de los escándalos de corrupción más comprometedores para el PSOE en los últimos años.
