Diamantes, rubíes, esmeraldas y un zafiro. Éstas son las piedras preciosas que conforman el conjunto de joyas que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero guardaba en la caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE. Las piezas, incautadas por la UDEF en el marco del caso Plus Ultra, ya han recibido una primera valoración de expertos de la firma de subastas Ansorena, que sitúa su coste por encima del millón de euros como mínimo.
La cifra abre un grave problema legal para el expresidente. Al no constar como declaradas, y al haber sido presentadas por su entorno como un «regalo de viaje«, las joyas podrían derivar en un presunto delito fiscal si Hacienda concluye que Zapatero estaba obligado a tributar por ellas y no lo hizo. Un particular ya ha presentado una denuncia ante la Agencia Tributaria.
En España, quien recibe un bien de valor significativo como regalo debe declararlo y tributar por él a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Da igual que se trate de dinero, un coche o un conjunto de joyas. La obligación fiscal recae sobre quien recibe el bien. En este caso, con unas piezas valoradas en más de un millón de euros y sin parentesco cercano con la persona que las entregó, la cuota tributaria podría situarse entre los 300.000 y los 340.000 euros.
Ese importe supera ampliamente el umbral de los 120.000 euros a partir del cual una irregularidad fiscal deja de ser una simple infracción administrativa y puede convertirse en delito. El artículo 305 del Código Penal castiga la elusión del pago de impuestos por encima de esa cantidad con penas de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces la cantidad defraudada.
La situación podría complicarse aún más si la valoración definitiva de las joyas eleva la cuota supuestamente defraudada por encima de los 600.000 euros. En ese caso entraría en juego el artículo 305 bis del Código Penal, que contempla un subtipo agravado. Para alcanzar ese umbral, el valor total de las piezas tendría que rondar aproximadamente entre 1,4 y 1,5 millones de euros, en función del tipo impositivo aplicable. La primera valoración de Ansorena ya habla de más de un millón, por lo que la tasación final será determinante.
De confirmarse esa modalidad agravada, las penas podrían alcanzar hasta los seis años de prisión por delito fiscal agravado y, en determinados supuestos, llegar a los diez años. Además, una condena de esa naturaleza dificultaría cualquier suspensión de la pena o acuerdo judicial.
La última palabra, sin embargo, la tiene Hacienda. El delito fiscal exige que la Agencia Tributaria detecte la irregularidad, practique sus cálculos y decida si existen indicios suficientes para remitir el caso a la Fiscalía. La denuncia presentada este lunes por un particular obliga, en principio, a la Administración a examinar los hechos, aunque el procedimiento penal no arrancaría hasta que Hacienda se pronunciase.
Zapatero todavía podría acogerse a una vía de escape si regulariza voluntariamente su situación antes de que la Agencia Tributaria inicie actuaciones formales. El artículo 305.4 del Código Penal establece que quien declara y paga lo debido antes de una investigación oficial queda exento de responsabilidad penal por delito fiscal. Para ello, el expresidente tendría que declarar las joyas y abonar la cantidad correspondiente.
Pero esa regularización tampoco despejaría todas las incógnitas. El hecho de que las piezas permanecieran ocultas en una caja fuerte hasta su incautación por la UDEF obliga a aclarar su origen. Si Zapatero intentara aflorar ahora unas joyas valoradas en más de un millón de euros, debería acreditar que proceden de una fuente lícita. En caso contrario, podría abrirse la puerta a un presunto delito de blanqueo de capitales.
Ese escenario elevaría notablemente el riesgo penal. Además de la posible pena de prisión, el delito de blanqueo puede acarrear una multa equivalente al triple del valor de los bienes. Las joyas podrían ser decomisadas si un tribunal considera que proceden de una actividad ilícita o que se intentó introducirlas en el circuito legal sin justificar su origen.
El hallazgo de las joyas se enmarca en el sumario del caso Plus Ultra, una causa que investiga las conexiones con Venezuela y China, así como negocios relacionados con el petróleo y las exportaciones de oro. En ese contexto, la aparición de una gargantilla, pulseras y pendientes engarzados con piedras preciosas en la caja fuerte del expresidente del Gobierno añade una nueva derivada al caso.
Por ahora, Hacienda no ha calificado los hechos como delito fiscal. Pero la tasación de Ansorena, la denuncia ya presentada y el origen todavía no aclarado de las joyas sitúan a Zapatero ante un problema que puede dejar de ser político para convertirse en penal.
