Las mafias dedicadas al tráfico de personas han encontrado en la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez una nueva vía para aumentar sus beneficios. Expertos de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional llevan meses detectando un importante incremento de los llamados «movimientos secundarios» de inmigrantes desde otros países de la Unión Europea hacia España con el objetivo de acogerse al proceso de regularización.

Según fuentes policiales consultadas por Abc, las organizaciones criminales han aprovechado la libertad de circulación del espacio Schengen para trasladar a inmigrantes que se encontraban en países como Alemania, Francia o Italia, facilitándoles además la documentación necesaria para intentar cumplir los requisitos exigidos por la normativa. Los principales beneficiarios de estas redes serían inmigrantes procedentes de Pakistán, Argelia y Marruecos.

Los especialistas en Extranjería sostienen que este tipo de procesos suponen un incentivo para las mafias. «Siempre que hay procesos de regularización es evidente que las mafias se aprovechan», señalan fuentes policiales, que califican la situación como una «realidad operativa» constatada durante los últimos meses. A su juicio, los plazos reducidos y unos requisitos que consideran insuficientes han convertido la medida en un «caramelo para las mafias».

Más de 1,3 millones de solicitudes

Desde la entrada en vigor del procedimiento, más de 1,3 millones de personas han intentado obtener la autorización de residencia prevista por el Gobierno. La cifra se aproxima a las estimaciones que manejaba la Policía Nacional antes de la aprobación de la norma, cuando un informe interno calculaba que el número de solicitudes podría alcanzar 1,5 millones, muy por encima de las previsiones iniciales del Ejecutivo.

Durante estos meses, los agentes de la Ucrif han tenido que asumir una elevada carga de trabajo para elaborar los informes policiales vinculados a cada expediente, sin que las plantillas hayan sido reforzadas. Los funcionarios encargados de tramitar las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) han percibido una compensación de 25 euros por cada hora extra, frente a los diez euros que se abonaban antes del inicio del proceso de regularización.

Venta de «packs de documentación» y certificados fraudulentos

Las investigaciones policiales también han detectado nuevas modalidades de fraude impulsadas por estas organizaciones criminales. Entre ellas figura la comercialización de «packs de documentación» destinados a facilitar la obtención del permiso de residencia.

Uno de los documentos más demandados son los certificados de vulnerabilidad, aunque las fuentes consultadas aseguran que también se han presentado justificantes de escaso valor probatorio para acreditar la permanencia en España. «Cualquier ticket es suficiente», lamentan agentes especializados en la lucha contra la trata de personas, que advierten del elevado volumen de documentación presuntamente fraudulenta detectada durante la tramitación de los expedientes.

La Policía advierte además de que las consecuencias del proceso no afectarán únicamente a España. La autorización concedida a los solicitantes tiene una duración inicial de un año y, aunque se trata de un permiso expedido por las autoridades españolas, su existencia dentro del espacio Schengen facilita la movilidad por el resto de países comunitarios.

Por ello, los expertos consideran imprescindible reforzar el intercambio de información entre los Estados miembros para detectar posibles fraudes y controlar los desplazamientos de personas que, una vez regularizadas, puedan trasladarse a otros países de la Unión Europea o regresar posteriormente a sus lugares de origen.

El proceso también ha provocado escenas de aglomeraciones y largas colas en distintos consulados y oficinas de Extranjería durante las primeras semanas de aplicación de la medida. En algunos puntos fue necesaria la intervención de unidades antidisturbios para controlar la tensión generada por la elevada afluencia de solicitantes que trataban de iniciar los trámites de regularización.