La regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha generado un nuevo negocio para las mafias de la inmigración, que ofrecían a extranjeros asentados en otros países europeos un «pack completo» para intentar acceder al proceso: viaje a España, documentación, justificantes de estancia y cita previa.

Según fuentes policiales citadas por ABC, los operadores en Europa de las mismas redes que organizan los traslados desde las costas africanas a Canarias y al sur de la Península habrían aprovechado la medida del Ejecutivo para captar a inmigrantes interesados en obtener una autorización temporal de residencia española.

El precio del paquete superaba los 1.000 euros, aunque variaba según el país de partida. Incluía el desplazamiento por carretera hasta España, normalmente en autobús o furgoneta, las tasas administrativas, la gestión de la cita y la entrega de documentos destinados a acreditar una supuesta permanencia en territorio nacional.

Justificantes modificados

Uno de los puntos clave del proceso era demostrar haber estado en España antes del 1 de enero de 2026 durante más de cinco meses. Para quienes no podían justificar esa presencia, las mafias ofrecían abonos de tren y autobús modificados, destinados a simular una estancia previa en el país.

Las redes también vendían por separado algunos servicios para quienes ya tuvieran parte de la documentación o decidieran viajar por su cuenta.

Las fuentes consultadas señalan que muchos de los interesados ya habían pasado antes por España tras entrar por la ruta atlántica o mediterránea. Después continuaron viaje hacia Francia, Alemania, Bélgica u Holanda, donde residían familiares o conocidos. Entre las nacionalidades más citadas figuran marroquíes, argelinos, senegaleses y pakistaníes.

Un millón largo de solicitudes

El proceso extraordinario ha desbordado las previsiones iniciales del Gobierno. Frente a los 500.000 posibles beneficiarios que manejaba Moncloa, finalmente se habrían cursado 1.174.978 solicitudes. De ellas, unas 600.000 ya estarían tramitadas.

Cataluña lidera el número de peticiones, con 257.602, por delante de la Comunidad de Madrid, con 202.424. El perfil predominante es el de un solicitante menor de 45 años, iberoamericano y residente en Madrid o Barcelona, aunque los africanos representan un 22,9% del total.

La autorización concedida por España tiene validez temporal, pero al tratarse de un país del espacio Schengen facilita la movilidad por otros Estados miembros durante el periodo reconocido.

Despachos legales y mercado negro

La regularización también ha provocado la aparición de un mercado de asesoramiento jurídico completamente legal. En intercambiadores y estaciones de Madrid se han visto anuncios de despachos que ofrecían la tramitación de solicitudes por 295 euros, con presentación telemática, tasas incluidas y consulta gratuita.

Sin embargo, los investigadores distinguen esta actividad legal de las prácticas de las mafias, que ofrecían documentación presuntamente manipulada, viajes organizados y acceso irregular a citas. El volumen de solicitudes y la complejidad administrativa han creado un terreno fértil para intermediarios de todo tipo.

Malestar en Europa y dudas del Supremo

La regularización de Sánchez también ha generado preocupación en otros países europeos por el posible efecto llamada y por sus consecuencias dentro del espacio Schengen.

A ello se suma el frente judicial abierto en España. El Tribunal Supremo ha expresado dudas sobre la compatibilidad del decreto con el derecho de la Unión Europea y estudia elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Abogacía del Estado se ha opuesto a esa consulta, en línea con la posición de Moncloa, según relata el ABC.