Un cayuco equipado para transportar inmigrantes ilegales puede generar ingresos de entre 61.000 y 91.500 euros por viaje, dependiendo del número de pasajeros y las tarifas cobradas, que oscilan entre 610 y 915 euros por persona. Esto contrasta drásticamente con los ingresos que muchos pescadores senegaleses obtienen en la pesca tradicional, que en algunos casos no superan los 762 euros mensuales. Este lucrativo negocio ha desviado a muchos pescadores experimentados hacia el transporte ilegal de personas, exacerbando la crisis migratoria en Canarias y descapitalizando la industria pesquera en Senegal.
El puerto de Elinkine, que contaba con 100 cayucos en 2016, ahora alberga 850 embarcaciones destinadas al tráfico de inmigrantes. En Saint Louis, el número ha pasado de 3.067 cayucos en 2016 a 6.600 en 2024, muchos de los cuales tienen permisos para faenar en aguas de Gambia, Cabo Verde, Guinea Bissau, Liberia y Mauritania. Sin embargo, en lugar de pescar, estas embarcaciones se destinan a peligrosos viajes migratorios, en los que los capitanes experimentados, esenciales para garantizar la seguridad, han sido reemplazados por operadores menos cualificados.
En localidades como Kafountine, la construcción de cayucos adaptados al transporte de personas se ha convertido en un negocio floreciente. Los controles policiales son prácticamente inexistentes, y apenas se investigan las actividades de los carpinteros que fabrican estas embarcaciones o de los mototaxis que transportan a los inmigrantes durante la madrugada. La falta de vigilancia facilita que los jóvenes senegaleses, desesperados por escapar de la pobreza, emprendan viajes extremadamente peligrosos hacia Canarias, aumentando las muertes en el mar.
A esta crisis migratoria se suma la oposición de los pescadores senegaleses a la presencia de flotas extranjeras en sus aguas. Mientras los pescadores locales exigen una zona de exclusión de 20 millas para proteger sus recursos, critican duramente a los operadores chinos por su falta de respeto a las zonas reservadas y la destrucción de los fondos marinos y redes. Aunque los pescadores senegaleses mantienen una relación más cordial con los españoles, también rechazan la pesca industrial extranjera y sugieren que los atuneros europeos podrían aprovechar recursos en Noruega o cuotas de atún rojo no capturadas en Canarias en 2024.
La situación afecta directamente a los cuatro atuneros de Bermeo, que permanecen amarrados en Dakar tras el fin del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Senegal. Las autoridades vascas han pedido al Ministerio de Agricultura y Pesca que intervenga para resolver esta situación. Sin embargo, Senegal resiste las presiones de la UE, que busca vincular la renovación del acuerdo con el control de la inmigración irregular hacia Canarias. Desde Dakar, consideran que la presencia de patrullas extranjeras viola su soberanía y su identidad nacional, un concepto especialmente arraigado en el sector pesquero.
Esta combinación de problemas ha llevado a una crisis estructural en la pesca senegalesa, donde muchos pescadores, frustrados con los bajos ingresos y las dificultades económicas, optan por quedarse en tierra organizando el negocio migratorio. La situación refleja una compleja interacción entre factores económicos, sociales y políticos que impacta tanto en Senegal como en los destinos europeos, especialmente en las Islas Canarias.