Las jóvenes de 16 y 17 años podrán abortar sin permiso paterno a partir de este jueves 2 de marzo, mientras que la baja por menstruación o por aborto entrará en vigor a principios del próximo mes de junio. La norma se publicó el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el grueso de la ley entra en vigor este jueves.
La ley orgánica por la que se modifica la «Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo», fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero de 2023.
Además de eliminar el requisito del consentimiento paterno para abortar en el caso de las menores de 16 y 17 años, la norma también suprime los tres días de reflexión, garantiza que los abortos se pueda llevar a cabo en hospitales públicos lo blinda frente a protocolos provida como el que propuso VOX en Castilla y León.
El día de su aprobación en el Congreso, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que es era «día histórico» para las mujeres. «Recuperamos el derecho que hurtaron a las jóvenes de 16 y 17 años a decidir sobre su propio cuerpo, informando y compartiendo ese proceso con sus familias, con quien quieran pero siendo ellas y solo ellas las que deciden. Y también el Estado manda un mensaje contundente a las mujeres: creemos y respetamos sus decisiones; las mujeres, cuando deciden interrumpir su embarazo han reflexionado el tiempo que han necesitado», manifestó Montero.
Entre otros cambios, la reforma de la ley del aborto también introduce el reconocimiento de la salud menstrual como parte del derecho a la salud; la distribución de métodos anticonceptivos en centros penitenciarios, de servicios sociales y durante las campañas de educación sexual en los institutos de secundaria, o la corresponsabilidad de los hombres en el uso de los anticonceptivos.
Si bien, la baja por menstruación incapacitante y por aborto, sea voluntaria o no, no entrará en vigor hasta comienzos del mes de junio, ya que en la ley se especifica que algunas disposiciones finales no serán aplicables hasta tres meses después de la publicación de la ley en el BOE.
