La ofensiva judicial que rodea al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene abiertas varias investigaciones que afectan directamente a su entorno político, institucional y familiar. Desde el caso de su esposa, Begoña Gómez, hasta las tramas vinculadas al caso Koldo, la financiación del PSOE o la denominada «cloaca» para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO, las distintas causas activas dibujan un escenario de máxima presión sobre La Moncloa.

Uno de los procedimientos con mayor impacto institucional es el llamado «caso Fiscal General». El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha sido condenado e inhabilitado por revelación de secretos tras difundir datos confidenciales relacionados con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La resolución judicial convirtió a García Ortiz en el primer fiscal general condenado en la historia de España y reforzó las acusaciones sobre el uso político de instituciones del Estado contra adversarios del Gobierno.

A ello se suma el llamado «caso Hermanísimo«, que juzga el presunto enchufe de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz. La causa afecta también al exdirigente socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo y al exasesor de Moncloa Luis Carrero por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El procedimiento adquirió además una nueva dimensión después de que el juez Santiago Pedraz señalara que la trama vinculada a la «cloaca» del PSOE habría impulsado denuncias contra la magistrada instructora, Beatriz Biedma.

El frente más delicado para Sánchez continúa siendo el «caso Begoña«. El juez Juan Carlos Peinado cerró la instrucción sobre el presunto uso de la influencia de Gómez para favorecer intereses empresariales privados. La esposa del presidente deberá comparecer el próximo 9 de junio en una audiencia preliminar. También están investigados la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, beneficiario de cartas de recomendación dirigidas a Red.es.

La causa, abierta en abril de 2024, provocó además los cinco días de reflexión de Sánchez y su posterior carta a la ciudadanía. Según el auto del juez Pedraz, aquel episodio marcó el inicio de las maniobras desplegadas desde la presunta estructura parapolicial socialista para frenar investigaciones judiciales.

Otra de las investigaciones que golpea al entorno socialista es el «caso Plus Ultra«. El rescate de 53 millones de euros a la aerolínea aprobado por el Gobierno en 2021 continúa bajo investigación. La UDEF sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de la trama, en una causa que analiza delitos de tráfico de influencias, blanqueo, organización criminal y falsedad documental.

El procedimiento también afecta a directivos de la compañía y a Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores como testaferro de Zapatero. El expresidente deberá declarar ante el juez los próximos 17 y 18 de junio tras el aplazamiento de su comparecencia inicial.

En paralelo continúa abierto el «caso Mascarillas«, también conocido como caso Koldo o caso Ábalos. La investigación gira en torno a contratos públicos de material sanitario durante la pandemia y al supuesto cobro de comisiones ilegales. El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama ya esperan sentencia en la parte juzgada ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, la Audiencia Nacional mantiene abierta otra rama sobre las adjudicaciones a Soluciones de Gestión y los contratos relacionados con Baleares y Canarias. En esa línea aparecen los nombres de la expresidenta balear Francina Armengol y del ministro Ángel Víctor Torres.

Además, la Audiencia Nacional investiga una posible financiación ilegal del PSOE vinculada a movimientos de efectivo en Ferraz. La causa afecta especialmente al ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán y a Ábalos.

La presión judicial se amplía también con el «caso Transportes«, centrado en el presunto amaño de contratos de obra pública; el «caso Hidrocarburos«, sobre un fraude millonario del IVA; y el denominado «caso Cloacas«, que investiga la supuesta estructura creada desde el PSOE para desacreditar a agentes de la UCO, fiscales y jueces que investigaban la corrupción vinculada al entorno del Gobierno.