El Gobierno de Sánchez anunció este mes la licitación de los proyectos destinados a contener las riadas en los barrancos del Poyo, Pozalet y Saleta, en la comarca valenciana de l’Horta Sud, después de la dana que arrasó la zona el año pasado, aunque las obras no estarán listas, en el mejor de los casos, hasta 2031.

El Ejecutivo anunció la licitación de la redacción técnica de los proyectos que llevan años pendientes y que afectan a los cauces más peligrosos, especialmente el del Poyo, responsable del mayor número de víctimas en municipios como Paiporta o Catarroja. Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 9 de diciembre, aunque las adjudicatarias recibirán un plazo de 36 meses para elaborar estudios hidrológicos e hidráulicos, un plan de comunicación y el proceso de participación pública, detalla Abc.

Ese periodo, que ni siquiera empezará a contarse hasta 2026, incluye también la declaración de impacto ambiental, un trámite que los ingenieros califican como el más lento y decisivo. Federico Bonet, ex decano del Colegio de Ingenieros de Caminos en la Comunidad Valenciana, recuerda en declaraciones a Abc que esa declaración estaba aprobada en 2012, tras cinco años de trabajo, y terminó en un cajón. Según lamenta, faltó voluntad política para ejecutar las obras y se optó por «eufemismos» que evitaron hablar con claridad de infraestructuras hidráulicas.

Aunque algunas empresas ya habían elaborado proyectos similares, las nuevas propuestas deben someterse otra vez a consultas de todos los organismos implicados y a exposición pública en los municipios afectados, lo que prolongará aún más los plazos. Bonet admite que puede haber oposición en determinados puntos, aunque confía en que, después de lo ocurrido, no aparezcan tantas trabas como en ocasiones anteriores. Hasta que exista una solución plenamente consensuada, no podrá colocarse ni una piedra.

A esos tres años de trámite habrá que añadir, como mínimo, dos más para adjudicar y ejecutar las obras. José Trigueros, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, no oculta su indignación. Califica de «vergüenza» el retraso y denuncia que proyectos que deberían haberse ejecutado como obras de emergencia tras contabilizar 229 muertos sigan en fase de licitación.

Trigueros ve imposible que las infraestructuras estén terminadas antes de 2031 si se mantiene la tramitación ordinaria. Recuerda que antes de la dana existían proyectos prácticamente finalizados, y que España dispone de algunas de las ingenierías más avanzadas de Europa. El problema, señala, está en una gobernanza del agua «muy mejorable» y en la incapacidad política para tomar decisiones firmes que protejan vidas.

Mientras tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica ha reservado 3,8 millones de euros para la redacción de diez proyectos. Los documentos incluirán «soluciones basadas en la naturaleza», reforestaciones, áreas de retención y parques inundables, además de encauzamientos, motas, diques y acciones de sensibilización dirigidas a la población. La licitación divide el trabajo en dos bloques para permitir que dos equipos de consultoría operen al mismo tiempo.

El primero, dotado con 2,1 millones, se centrará en la rambla del Poyo e incorpora adecuaciones del cauce, zonas de almacenamiento controlado en Paiporta y Chiva, la vía verde del barranco y su desvío hacia el Turia, así como actuaciones de protección en diversas pedanías de Valencia, Sedaví y Alfafar. También prevé mejoras del encauzamiento entre Picanya y la V-31.

El segundo bloque, con 1,7 millones, afectará a distintos tramos del río Magro en Utiel, l’Alcúdia y Guadassuar, además de intervenciones en Alginet y Algemesí. Incluirá mejoras en el río Buñol, nuevas zonas de almacenamiento en la cuenca Pozalet-Saleta, trabajos en el barranco de Picassent, actuaciones en el tramo medio-bajo del Turia y el Parque Natural de l’Albufera, así como la restauración ambiental del Poyo.

A pesar del anuncio gubernamental, la realidad es que l’Horta Sud continúa expuesta. Los vecinos siguen a la espera de unas obras que llevan años prometiéndose y que tardarán otra década en materializarse, mientras el Gobierno vuelve a arrancar de cero unos proyectos cuya tramitación ya se había completado hace más de una década.