Víctor de Aldama, el empresario en el centro de la compleja red de corrupción conocida como la trama Ábalos, lleva años involucrado en actividades polémicas relacionadas con organismos públicos y sectores estratégicos. Aunque su nombre ha resurgido por los contratos millonarios durante la pandemia de covid y el fraude vinculado a hidrocarburos, sus conexiones con el poder político y económico comenzaron mucho antes, en la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En 2010, Aldama fundó sus primeras empresas en España: Grupo Signum Inversiones y Grupo Aurum Inversiones. Ambas se dedicaban a la intermediación en adjudicaciones de obras civiles y al comercio de petróleo, actividades que hoy son el foco de las investigaciones judiciales. Paralelamente, intentó adquirir el Córdoba CF a través de una de estas sociedades, aunque el acuerdo se frustró en 2011 debido a la negativa de los accionistas.
Años más tarde, cumpliría su ambición de ser propietario de un club de fútbol al hacerse con el Zamora CF. Sin embargo, este sueño también se desmoronó: en 2023, tras el estallido del escándalo de corrupción, se vio obligado a vender el equipo.
El ascenso de Pedro Sánchez al poder en 2018 marcó un punto de inflexión en las operaciones de Aldama. Según documentos judiciales, este empresario estrechó lazos con el Ministerio de Transportes, facilitando adjudicaciones y acuerdos para compañías como Air Europa y Duro Felguera. Además, jugó un papel clave en el episodio conocido como Delcygate, en el que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, pisó territorio español en circunstancias controvertidas.
El líder de la trama habría actuado como intermediario en estas gestiones, aprovechando sus conexiones con figuras del Ejecutivo, como el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien está siendo investigado por su posible implicación en la recepción de comisiones ilegales. Según las acusaciones, Ábalos habría facilitado contratos y licencias a Aldama, aunque este ha negado las acusaciones, atribuyendo cualquier irregularidad a su exmano derecha, Koldo García.
En los últimos años, el alcance de la red de Aldama se ha extendido más allá de las fronteras españolas. Entre 2018 y 2024, el empresario ha creado al menos 14 empresas en lugares como Portugal, Delaware y República Dominicana, que, según los investigadores, habrían servido para blanquear fondos obtenidos ilícitamente. La Guardia Civil ha viajado a la isla caribeña para rastrear propiedades vinculadas al empresario y su entorno.
Por otra parte, las autoridades analizan los vuelos realizados a República Dominicana por el avión presidencial Falcon, sospechando que podrían estar relacionados con las actividades de la trama.
Uno de los episodios más mediáticos del caso involucra un contrato de 53 millones de euros adjudicado durante la crisis del covid a una empresa de Aldama, Soluciones de Gestión, para la compra de mascarillas. A esta operación se suman presuntas irregularidades en la obtención de licencias para hidrocarburos, en las que, junto a socios, habría defraudado a Hacienda cerca de 182 millones de euros.
El imperio construido por Aldama durante más de una década incluye empresas de sectores tan diversos como el inmobiliario y la intermediación financiera. No obstante, muchas de estas sociedades han desaparecido, ya sea por problemas económicos o decisiones judiciales. Grupo Signum, la misma empresa con la que intentó adquirir el Córdoba CF, fue liquidada en 2016.
