El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se encuentra en el centro de una investigación que apunta a que habría recibido beneficios inmobiliarios disfrazados de contratos legales. Según varias fuentes citadas por The Objective, el lujoso piso ubicado en el Paseo de la Castellana 164 habría sido un «regalo» encubierto proporcionado por el empresario Víctor de Aldama. Este presunto acuerdo se habría camuflado mediante un contrato de alquiler con opción a compra, aunque el objetivo real, según las fuentes, era garantizar la propiedad del inmueble para el exministro una vez abandonara su cargo.
Los socios de Aldama, involucrados en la llamada trama de los hidrocarburos, afirman que se enteraron de este inmueble hace más de tres años. El empresario habría confesado que el piso era un pago en especie por «servicios prestados». «Era un piso que Ábalos tenía apalabrado para cuando dejara el ministerio», sostienen estas fuentes. La propiedad, valorada en casi dos millones de euros, resultaba inasequible considerando el salario mensual del exministro, que rondaba los 6.000 euros.
La tensión entre las partes implicadas también quedó patente en las conversaciones sobre el inmueble. «Ábalos se enfadó porque quería el dinero, no un piso«, relató uno de los empresarios cercanos a Aldama. Según estos testimonios, el exministro insistió en que no podía justificar la adquisición de un bien de lujo tan costoso sin levantar sospechas, lo que derivó en el diseño del contrato ficticio de arrendamiento con opción a compra. Este documento, firmado en abril de 2019, estipulaba un alquiler mensual de 2.500 euros durante cinco años, con la posibilidad de ejecutar la compra en febrero de 2024. Curiosamente, el contrato se formalizó en el contexto de unas elecciones generales, momento que, según las fuentes, habría facilitado la planificación de la transacción.
No es la única propiedad que genera controversia en torno a Ábalos. Otro caso similar involucra un chalé en la urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Carmen Pano, empresaria vinculada a este asunto, declaró que adquirió la vivienda por orden de Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos. Esta operación habría sido parte de un acuerdo que benefició a Villafuel SL, una empresa gestionada por familiares de Claudio Rivas, socio de Aldama. El chalé, adquirido por una sociedad dirigida por la hija de Pano, se alquiló posteriormente a Ábalos bajo un contrato similar al del piso madrileño. Pese a que Ábalos afirmó que el alquiler fue temporal y completamente legal, la documentación incautada por la Guardia Civil sugiere lo contrario.
Además, según los informes, los pagos relacionados con ambas propiedades se efectuaban de manera compleja para evitar dejar rastro. El dueño del inmueble retiraba los ingresos en efectivo y los entregaba a Aldama, quien luego hacía llegar el dinero a Ábalos. En el caso del chalé, el contrato incluía una cláusula que permitía ejercer la opción de compra dentro de cinco años o antes, si ambas partes estaban de acuerdo.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha intentado frenar que Carmen Pano declare en el llamado caso Koldo. En un escrito presentado al tribunal, se argumentó que el testimonio de Pano carece de credibilidad, aunque la investigación sigue adelante. El juez encargado del caso, Santiago Pedraz, solicitó el acceso a los teléfonos incautados para verificar las transferencias de dinero y otras evidencias relacionadas con los pagos en la sede del PSOE.
En una entrevista reciente, Carmen Pano afirmó que en su última reunión en el Ministerio de Transportes, Koldo le indicó que Ábalos deseaba una casa en Sotogrande. Estos detalles han incrementado las sospechas de que existió un esquema bien organizado para beneficiar al exministro a cambio de favores políticos, dejando al descubierto una trama que combina corrupción, cohecho y opacidad financiera.
