El exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se enfrentó este jueves a una larga sesión de declaración ante el Tribunal Supremo. Durante más de tres horas y media, Ábalos trató de desvincularse de las acusaciones de corrupción que lo relacionan con contratos irregulares de material sanitario y otros negocios turbios. La comparecencia, solicitada por el propio Ábalos, no estuvo exenta de controversia, ya que evitó responder a las más de 300 preguntas planteadas por los abogados de las acusaciones populares.
Pese a sus reiteradas negativas, el exministro señaló a Koldo García Izaguirre, su antiguo asesor y persona de confianza, como el principal responsable de la trama que presuntamente lideraba el empresario Víctor de Aldama. La investigación apunta a Ábalos como el intermediario clave en una red de sobornos durante la pandemia, pero él se limitó a describir su papel como meramente institucional, descargando el peso de las decisiones en su equipo.
La comparecencia del exministro incluyó la presencia de su abogado, el fiscal del caso Alejandro Luzón, y el representante legal del Partido Popular, que actúa como acusación popular. «No he dejado nada sin responder», declaró Ábalos a su salida del Tribunal, a pesar de que muchos interrogantes quedaron en el aire. Entre ellos, su conocimiento sobre la relación entre Koldo García y Víctor de Aldama, así como sobre el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo supuestamente vinculado a la trama.
El caso también pone el foco en la relación entre la trama y el Partido Socialista. Las acusaciones insisten en que los beneficios obtenidos de los contratos fraudulentos pudieron beneficiar al partido, aunque Ábalos negó cualquier implicación directa. Uno de los episodios más llamativos de la investigación señala que contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia sobraron y terminaron siendo redirigidos al Ministerio del Interior, lo que genera dudas sobre la gestión de recursos.
Otro punto conflictivo es la supuesta participación de Ábalos en negocios relacionados con Venezuela. El informe detalla conversaciones donde se menciona al exministro como «el jefe» en contextos que involucran tanto a Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, como a contratos de hidrocarburos y la venta de lingotes de oro. La Guardia Civil también ha identificado mensajes entre Koldo García e integrantes de la trama que hacen referencia al «número 1», alimentando especulaciones sobre quién ocupaba el verdadero rol de liderazgo.
Las explicaciones del exministro no convencieron a las partes implicadas. Entre las preguntas pendientes destacan temas como el pago en efectivo de sus gastos, su relación con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y las razones por las cuales permitió que su asesor tuviera un nivel de influencia que sobrepasaba el ámbito de su ministerio. Además, se cuestionó la vinculación de Ábalos con propiedades adquiridas tras los contratos irregulares, como su residencia en La Alcaidesa o un piso en la Castellana.
La trama también tiene ramificaciones internacionales. Se investigan gestiones de Koldo García para facilitar licencias de hidrocarburos a empresas vinculadas a Venezuela, así como su participación en reuniones con empresarios relacionados con el Gobierno de Nicolás Maduro. Estas actividades podrían explicar la presencia de personajes clave de la trama en lugares como el aeropuerto de Barajas durante la visita de Delcy Rodríguez.
Por otro lado, también se indagan las relaciones personales del exministro. La investigación señala a Jessica Rodríguez, supuesta pareja de Ábalos, quien habría recibido beneficios económicos de la trama, incluyendo pagos de alquileres desde cuentas vinculadas a menores. Este detalle plantea preguntas sobre el alcance del control que Ábalos tenía sobre su círculo más cercano.
Las próximas semanas serán cruciales para el caso. La UCO continúa recabando pruebas, incluidas comunicaciones que podrían arrojar luz sobre las reuniones y transacciones clave de la trama. Mientras tanto, el Tribunal Supremo deberá decidir si solicita al Congreso el suplicatorio para formalizar la imputación de José Luis Ábalos, un paso que podría cambiar el curso del proceso judicial.
