El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece este miércoles ante el Tribunal Supremo en un interrogatorio clave dentro de la investigación por la filtración de datos confidenciales sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Pese a que su defensa intentó atribuir la filtración al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, los autos del juez instructor Ángel Hurtado dejan claro que la clave del caso reside en la difusión del correo electrónico enviado por el abogado de Alberto González Amador, en el que se desmentía que la Fiscalía hubiera ofrecido un acuerdo de conformidad al investigado.
Uno de los puntos más comprometedores para García Ortiz es la urgencia con la que la Fiscalía se movilizó el 13 de marzo para conseguir ese correo. El volcado del teléfono de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha revelado el intenso intercambio de mensajes entre la Fiscalía General y el equipo fiscal de Madrid esa noche. Según el juez, este «trasiego de comunicaciones» demuestra el interés del fiscal general en obtener esa información, que poco después acabó publicada en la web de la Cadena SER.
El contenido del correo electrónico llegó a García Ortiz a las 21:43 horas, y sólo una hora y media después el medio de comunicación ya lo había difundido, anticipando además que la Fiscalía preparaba una nota oficial para reforzar su versión del caso. Esta coincidencia temporal refuerza la sospecha de que fue la Fiscalía la que filtró el documento con la intención de controlar la narrativa mediática.
A los indicios documentales se suman los testimonios de Almudena Lastra y Julián Salto, ambos fiscales que han declarado en el Supremo. Lastra, fiscal superior de Madrid, no sólo expresó sus sospechas sobre la filtración, sino que también relató cómo intentó frenar la insistencia con la que se pedían los correos. Según su declaración, cuando la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, seguía presionando para obtener los documentos, ella le advirtió: «Déjalo ya, los van a filtrar».
Lastra también reveló que García Ortiz la llamó personalmente aquella noche para exigirle el envío inmediato de los correos, invocando su autoridad jerárquica. Tras esta orden directa, el fiscal Salto reenviaría los documentos a Rodríguez y Lastra, lo que refuerza la tesis de que la divulgación de la información fue impulsada desde la cúpula de la Fiscalía General.
Más allá de la filtración a la prensa, otro punto que inquieta al juez instructor es la posibilidad de que el correo también llegara a la Presidencia del Gobierno. Según los autos judiciales, en la mañana del 14 de marzo, la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera proporcionó el documento al entonces líder socialista madrileño, Juan Lobato, para que lo utilizara en su intervención en la Asamblea de Madrid contra Díaz Ayuso.
Cuando Lobato mencionó el contenido del correo en la sesión parlamentaria, sus interlocutores le preguntaron de dónde lo había obtenido. La respuesta judicial indica que desde Moncloa «se hicieron gestiones» para que la información acabara publicada en el medio digital ElPlural.com, lo que refuerza la hipótesis de una operación coordinada para perjudicar políticamente a la presidenta madrileña.
Por primera vez en la historia de España, un fiscal general en activo comparece ante el Tribunal Supremo en calidad de investigado. García Ortiz afronta una jornada crucial en la que deberá responder a un interrogatorio que se prevé contundente. Las pruebas en su contra, tanto documentales como testimoniales, lo sitúan en el epicentro de una posible trama de filtraciones desde la Fiscalía General del Estado.
La sesión de este miércoles marcará el rumbo del caso y determinará si la investigación avanza hacia la apertura de juicio contra el máximo responsable del Ministerio Público.