En los últimos días, distintos medios de comunicación han difundido la afirmación de que VOX propone expulsar a «ocho millones de inmigrantes» de España. Esta cifra no aparece en ningún documento ni programa oficial del partido y no se corresponde con las medidas concretas recogidas en su propuesta política sobre inmigración.

El programa de VOX en materia migratoria plantea una serie de actuaciones encaminadas a combatir la inmigración ilegal, reforzar la seguridad de las fronteras y garantizar que quienes delinquen cumplan sus penas en su país de origen. Todas las medidas propuestas se apoyan en el principio de legalidad y están centradas exclusivamente en inmigrantes que hayan accedido de forma ilegal a España, en quienes cometen delitos o en quienes permanecen al margen de la normativa vigente.

A continuación se detallan las principales medidas que defiende VOX en esta materia:

• Revisión de los acuerdos de colaboración en prevención de la inmigración ilegal con países terceros y, en caso de incumplimiento o falta de cooperación, adopción de medidas para forzar el cumplimiento de los compromisos asumidos por esos países.
• Promover en la Unión Europea el fin de las políticas de efecto llamada y la agilización de los procedimientos de deportación de inmigrantes ilegales.
• Expulsión inmediata de todos los inmigrantes que hayan accedido ilegalmente al territorio español, con destino a su país de origen o al lugar desde el que se produjo la entrada.
• Expulsión de inmigrantes, con independencia de su situación administrativa, que cometan delitos leves de forma reiterada, procurando que las penas sean cumplidas en su país de origen. Asimismo, expulsión de los autores de delitos graves una vez cumplidas íntegramente las penas impuestas por los tribunales españoles.
• Eliminación de las ayudas públicas a ONG y asociaciones que, bajo la apariencia de cooperación al desarrollo, fomenten o faciliten la inmigración ilegal, coordinando estas medidas con otros países europeos donde estas organizaciones operen.
• Devolución de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) a sus países de origen, con las debidas garantías.
• Suspensión de las ayudas de cooperación al desarrollo a los países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal.
• Medidas para impedir la entrada y expansión del fundamentalismo islámico en España, evitando también su financiación por parte de terceros estados u organizaciones.
• Campañas informativas en los países emisores para acabar con el efecto llamada, explicando las consecuencias de acceder ilegalmente a España.
• Declaración de una zona marítima de interés (MAI) entre la costa de Mauritania y la ciudad española de Melilla, con la creación de una misión de Presencia Marítima Coordinada, liderada por España, para proteger los intereses, fronteras y seguridad europeos frente a la inmigración ilegal y su instrumentalización por redes criminales.

Ninguna de estas medidas contempla la expulsión de «ocho millones de inmigrantes» ni afecta a quienes residen en España cumpliendo las leyes. Las propuestas se dirigen a frenar la inmigración ilegal y a garantizar que quienes vulneran las normas o cometen delitos no permanezcan en territorio español.