Las víctimas del terrorismo han cargado contra el uso de cartas de «arrepentimiento» como vía para facilitar la semilibertad de presos de ETA, tras la decisión del Gobierno vasco de conceder el tercer grado al etarra Jon Bienzobas, alias Karaka, asesino del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.
La medida se ha sustentado, entre otros factores, en un escrito en el que el propio Bienzobas asegura pedir perdón, junto a su conducta en prisión y una oferta laboral. Sin embargo, las asociaciones de víctimas denuncian que este tipo de cartas se han convertido en el eje de una política penitenciaria que, a su juicio, vacía de contenido el cumplimiento de las condenas por terrorismo.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha rechazado de plano este criterio: «Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas«. A su juicio, lo que debería acreditarse mediante hechos verificables se está sustituyendo por declaraciones privadas sin contraste ni garantías.
El cuestionamiento se ha intensificado tras la publicación de varias de estas cartas, en las que presos de ETA expresan pesar por el daño causado y reconocen el sufrimiento de las víctimas, siguiendo en muchos casos estructuras similares. Para las asociaciones, estos textos responden a modelos predefinidos que los internos completan para cumplir con los requisitos exigidos por la Administración.
Las víctimas recuerdan además que la Audiencia Nacional ha advertido en distintas resoluciones de que este tipo de manifestaciones deben ir acompañadas de hechos objetivos de desvinculación, como la colaboración con la Justicia. Sin embargo, denuncian que este requisito se está relegando en favor de valoraciones basadas en escritos sin verificación.
A ello se suma la crítica sobre la aplicación práctica de estos beneficios. Aunque el tercer grado se concede formalmente al amparo del artículo 83 del Reglamento Penitenciario, en muchos casos se ejecuta mediante el artículo 86, lo que permite a los internos permanecer en libertad con control telemático y sin necesidad de pernoctar en prisión. «Se cumple la ley en la forma, pero se traiciona su espíritu», sostienen.
El caso de Bienzobas se enmarca en una serie de decisiones similares que han permitido a antiguos dirigentes y miembros destacados de ETA acceder a regímenes de semilibertad. Las víctimas consideran que estas medidas responden a una estrategia política que prioriza acuerdos frente al cumplimiento íntegro de las penas.
«Estamos en contra de que se llame reinserción a lo que en realidad son excarcelaciones encubiertas«, concluye Ordóñez, que denuncia que el actual modelo penitenciario sitúa a las víctimas en un segundo plano y desdibuja las exigencias de justicia frente al terrorismo.
