La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite) ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y varios miembros de la Mesa controlados por PSOE y Sumar por un presunto «delito continuado de prevaricación administrativa por omisión«. El colectivo les acusa de bloquear deliberadamente dos iniciativas legislativas destinadas a declarar exentas de IRPF las ayudas que reciben las víctimas.
Según el escrito, al que ha tenido acceso The Objective, se trata de la primera vez que un colectivo social lleva ante la Justicia a los socios del Gobierno por la paralización de iniciativas parlamentarias. La denuncia apunta directamente a Armengol y a otros miembros de la Mesa como el vicepresidente primero, Alfonso Gómez de Celis, la vicepresidenta tercera, Esther Gil, el secretario primero, Gerardo Pisarello, y la secretaria segunda, Isaura Leal.
El origen del conflicto está en el bloqueo de dos proposiciones de ley con un objetivo idéntico: modificar la normativa del IRPF para que las ayudas a las víctimas de la talidomida queden exentas de tributación. Una de ellas fue remitida por el Senado y otra presentada por el Grupo Popular en el Congreso.
La denuncia sostiene que la Mesa del Congreso ha impedido de forma sistemática la tramitación de la iniciativa procedente del Senado. Desde el 14 de junio de 2024, el órgano ha acordado hasta 63 ampliaciones consecutivas del plazo de enmiendas, lo que, según Avite, ha paralizado de facto su avance sin causa reglamentaria o jurídica que lo justifique.
Este caso se enmarca en una situación más amplia de parálisis parlamentaria. En total, hay 125 iniciativas legislativas atascadas en el Congreso, 31 de ellas procedentes del Senado.
La debilidad parlamentaria del Ejecutivo, agravada por la ruptura con Junts y la salida de varios diputados de Podemos hacia el Grupo Mixto, ha reducido su capacidad para sacar adelante iniciativas en el pleno. Según la denuncia, esta circunstancia ha derivado en una estrategia de bloqueo desde la propia Mesa del Congreso.
Avite sostiene que la actuación de los miembros de la Mesa no responde a una mera discrecionalidad política, sino a una «voluntad deliberada, consciente y mantenida en el tiempo» de impedir que las Cortes se pronuncien sobre estas medidas.
El escrito denuncia que las decisiones adoptadas carecen de motivación y son «arbitrarias y contrarias a Derecho», lo que, a su juicio, encaja en el delito de prevaricación administrativa por omisión.
La propia Armengol llegó a reconocer en una respuesta a la asociación que su actuación no podía «satisfacer la inquietud» de las víctimas, que siguen a la espera de una solución legislativa para sus reclamaciones fiscales.
